El abogado penalista Miguel Valerio Jiminián consideró que el Estado debe asumir su rol protagónico en el control social para evitar la comisión de delitos y en su caso, disminuir la tasa de reincidencia de ciertos imputados.

El profesor y jurista ponderó el derecho a la seguridad ciudadana y las garantías de los imputados, partiendo de una tesis novedosa sobre cómo esta clase de registros tiene efectos disuasivos sobre los grupos poblacionales en los cuales se implementa.

Valerio Jiminián habló en esos términos en un acto celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde presentó la obra “Registros de ADN y prevención del delito”.

El profesor destacó la influencia de la informática y la genética en la criminalística a través de las bases de datos de ADN y cómo esta se puede convertir en una herramienta para la certeza, esclarecimiento y prevención de delitos.

El autor y socio fundador de la firma Valerio Jiminián Roa (VJR), señaló que el modelo más equitativo es el almacenamiento de todos los perfiles genéticos de una población determinada, siempre y cuando se establezca un riguroso estándar para la protección de datos.

Sin embargo, el jurista entiende que los funcionarios estatales con acceso a la base de ADN enfrenten consecuencias severas en caso de no utilizar adecuadamente la información de la misma.

La obra estudia los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y España, en los que analiza las características de distintos modelos de almacenamiento de información genética.

El autor divide los modelos en dos tipos: Modelos Restrictivos, aquellos que obligan a personas condenadas por la comisión de delitos a entregar muestras genéticas al Estado; y Modelos Expansivos, aquellos que sin la comisión o comprobación de la participación de una persona en un delito, el Estado retiene la información genética.