POR GERMAN MARTE
El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, reiteró ayer que el interés fundamental del proyecto de modificación a la Ley de Áreas Protegidas era  pasar al sector privado  playas públicas  y bosques, por lo que llamó a la población a permanecer alerta al respecto.

Dijo que durante su comparecencia a la vista pública en el Senado demostró cuál era el  objetivo de la modificación a la Ley de Áreas Protegidas y que motivó un enfrentamiento con el senador Rubén de la Cruz (Rubén Toyota).

“Se demostró con claridad que había un despropósito de mutilar las áreas protegidas y se aportaron las evidencias”, expresó Puig.

Dijo que de los siete miembros de la Comisión del Senado para la elaboración del proyecto de Ley de Áreas Protegidas sólo dos conocían la pieza, “era un proyecto secreto”.

El funcionario añadió que al hacer la denuncia colocó en la agenda nacional un asunto de interés, pero no con el objetivo de afectar personalmente a nadie, sino decir que se estaba preparando un plan que afectaría a la República.

Entrevistado por Patricia Solano y Huchi Lora en el programa El Día, de Telesistema, Puig manifestó que la interpelación de que fue objeto en el Senado le dio la oportunidad de contribuir para hacer más transparentes las acciones de los actores públicos, senadores y funcionarios.

 Consideró que tras su denuncia la modificación a la Ley de Áreas Protegidas debe ser para recuperar terrenos enajenados por la modificación que se hizo en el gobierno pasado, “debe serlo, pero hay que estar muy vigilantes”.

Recordó que cuando hizo su planteamiento, la primera respuesta que dieron los implicados fue negar que hubiese un plan para reducir las áreas protegidas. Luego denunció que  se produjeron reuniones con ese objetivo, y al ofrecer datos específicos admitieron que había intenciones de modificar la ley, pero no para mutilar las áreas protegidas, sino para reforzar los niveles de protección.

Advirtió que de ahora en adelante lo que se vaya a hacer habrá que hacerlo a la luz del sol, no secretamente. Dijo que si algún legislador plantea el recorte de las áreas protegidas, la población lo sabrá.

Sostuvo que en el proceso de modificación a la ley, la Secretaría de Medio Ambiente deberá tener una participación importante, y desde el punto de vista técnico también deberá participar la cooperación internacional.

Indicó que el país es signatario de tratados internacionales como el de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el cual  incluye un capítulo ambiental que dice que ninguno de los países firmantes del DR-CAFTA tiene derecho a disminuir sus niveles de protección ambiental, como un medio de mejorar su competitividad.

Recalcó que un recorte de las áreas protegidas puede ser interpretado, dentro del marco del DR-CAFTA, como una medida para atraer inversiones en desmedro de la naturaleza.

Explicó que las modificaciones a la ley de Medio Ambiente durante el gobierno pasado y que permitieron la enajenación de áreas protegidas está mal elaborada, tiene errores conceptuales y definiciones incorrectas, que no están conforme a las categorías internacionales vigentes, “y eso hay que cambiarlo”.

Bahía de las águilas

En relación al caso de Bahía de las Águilas, el secretario de Medio Ambiente dijo que ese caso es una vergüenza por la corrupción que incidió en su aprobación y por el pésimo trabajo técnico que se hizo.

  “Parece que hubo tanta avidez en la elaboración de esa ley que hicieron un tollo, y por eso hay que corregirla”, indicó Puig.

Tan mal elaborada está la ley en cuestión que según las coordenadas que contempla, que hay áreas protegidas que llegan hasta el Polo Sur, que se insertan en territorios de otros estados.

“Hay una área protegida de Barahona que llega hasta la ciudad de Santo Domingo, pasando por Baní”, según la ley.

Empero, advirtió, hay sectores y personas que argumentando esos errores en la Ley de Áreas Protegidas pretenden modificarlas, pero no se quieren limitar a corregir los errores, sino que quieren también recortar las áreas que ya fueron disminuidas en el 2004.

Consideró Puig que una ley como la de Medio Ambiente debe ser concertada, discutida con expertos, y es ahí es donde la cartera que dirige entra en juego.