La reciente reforma constitucional fue producto de acuerdos realizados por el Partido de la Liberación Dominicana entre sus fuerzas internas y también con sectores externos que gravitan en el escenario político nacional. Esos pactos políticos sustituyeron la nefasta cultura de cooptación de legisladores a cambio de votos.

Si bien es cierto que los acuerdos han sido exitosos, a juzgar por los resultados en la Asamblea Nacional, ahora el PLD entra a la segunda etapa de los pactos, a decir, la materialización de los términos contentivos de los mismos.

Entre los puntos acordados está la reserva de las candidaturas de los actuales legisladores del PLD. Ahora bien, estos acuerdos deben ser validados por filtros legales y constitucionales que para temas de esa naturaleza se han establecido en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que los afectados por esa decisión no sientan que su derecho a elegir y ser elegidos esté siendo vulnerado.

Una vez superado el filtro jurídico, es imprescindible que PLD realice una serie de encuestas en las distintas provincias y circunscripciones electorales, con el propósito de evaluar si con los actuales legisladores esa organización retiene esas plazas, pues no es justo ni políticamente inteligente, llevar candidatos que no garanticen el triunfo electoral en esas demarcaciones, amén de los acuerdos arribados.

Por otro lado, los acuerdos del PLD con otros partidos políticos que implican participación de estos últimos en la boleta congresional y municipal, deben ser ponderados en todo el sentido de la palabra, incluyendo someter también a los candidatos extra partidos a encuestas que permitan obtener las informaciones suficientes y necesarias para no asistir a aventuras políticas electorales que resulten lamentables llevando candidatos que no garantizan esas plazas, en perjuicio de dirigentes internos del PLD que han desarrollado cierta precampaña electoral.