PAULO HERRERA MALUF
Hace algún tiempo, en una reunión en el Palacio Nacional con cerca de 50 representantes de la sociedad civil, el presidente Fernández explicaba por qué, en su opinión, es necesario cambiar la forma establecida en la Constitución de la República para escoger los jueces de la Junta Central Electoral.

Decía el presidente Fernández que la función de la selección de los jueces electorales no debe descansar exclusivamente en el Senado de la República, pues bastará que se produzca la coyuntura de que un partido político domine la cámara alta para que éste tenga la tentación de nombrar a jueces complacientes para sus propios intereses, en desmedro de la institucionalidad democrática.

El doctor Fernández aseguró, frente a toda la audiencia, que nunca estaría de acuerdo con que se nombren en la JCE a personas de reconocido compromiso político con el partido de gobierno. Fue aún más lejos el Presidente, cuando se atrevió a poner un ejemplo para ilustrar su punto. Mencionó por su nombre y su apellido al licenciado Roberto Rosario, que es un reconocido militante del Partido de la Liberación Dominicana, como una persona a la que nunca apoyaría para un puesto en la Junta, no por carecer de méritos profesionales, sino por su afiliación partidaria.

Según las propias palabras del Presidente, elegir a Rosario para la JCE sería legal, pero no legítimo desde el punto de vista institucional y democrático. A mí no me lo contaron. Lo escuché directamente de sus labios.

Es oportuno recordar la intervención del primer mandatario en esa reunión. Por dos razones. La primera es que, efectivamente, la mayoría absoluta del PLD en el Senado le otorga la facultad legal de nombrar a quien quiera en la JCE. Parece importante, por tanto, llamar la atención a los senadores peledeístas acerca del concepto institucional que tiene el Presidente de la República, que es a la vez el presidente de su propio partido.

Desde el punto de vista legal, pueden nombrar a quienes quieran, pero sólo serán legítimos los nombramientos si no lesionan la institucionalidad democrática. Y esto no lo digo yo, si bien estoy de acuerdo en un ciento por ciento. Lo dice el presidente Fernández. Presidente de la República y del PLD. La segunda razón para recordar el lineamiento institucional del Presidente es que se menciona con insistencia en los mentideros políticos el nombre del licenciado Rosario para repetir en un puesto de importancia en la Junta. Junto con éste, se mencionan otros nombres que repetirían en el tribunal, varios de ellos de reconocida trayectoria partidaria.

A pesar de estos rumores, hay que decir que, hasta el momento y hasta prueba en contrario, el comportamiento de la comisión senatorial encargada de coordinar la selección de los jueces ha sido ejemplar. El presidente del Senado, que es a la vez secretario general del PLD, ha encabezado todo el proceso y de paso ha establecido precedentes muy interesantes en cuanto a cómo abordar una escogencia de esta naturaleza de forma transparente.

Si finalmente el Senado de la República se acoge al estándar ético planteado por el Presidente de la República, estaría llenando una página inédita de institucionalidad democrática en la República Dominicana. Ni más ni menos, se anotaría muchos puntos en términos de credibilidad para el propósito de mega-reforma institucional del país.

Sin embargo, parecería que las cosas se están torciendo a la hora de la verdad. No sabemos si las declaraciones de compromiso con la institucionalidad resistirán las presiones para usar el poder más allá de lo que es legítimo.

Lo que sí sabemos es que si al final acaban el Senado y su presidente cediendo a la presión partidaria, el resultado sería catastrófico para la confiabilidad del partido de gobierno.

En primer lugar, sería un serio cuestionamiento al liderazgo del presidente Fernández dentro del PLD. En el mismo orden, un fracaso institucional en la selección de la JCE pondría en evidencia la profundidad de la lucha por el poder a lo interno del partido de gobierno.

Además, considerando que el Senado está dominado por el mismo partido que el Ejecutivo, una confirmación de estos jueces políticos minaría aún más la credibilidad de la lucha del Gobierno por la transparencia. No hay que olvidar que la actual Junta enfrenta el fantasma del escándalo por el manejo no esclarecido de los contratos de automatización del Registro Civil.

Si se confirman los rumores, sobre todas las cosas estaría el PLD enviando una señal poderosamente negativa respecto de lo que se puede esperar de las reformas pendientes y de los demás procesos de selección que debe abordar el Congreso, como la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En especial, un fiasco en la elección de una Junta apartidista confirmaría las dudas que ya existen acerca de la sinceridad de la consulta popular para la reforma constitucional.

Muy pronto saldremos de dudas. Muy pronto sabremos qué esperar del partido oficial. La elección de la JCE marcará el rumbo. ¿Podremos celebrar un avance institucional o lamentaremos un nuevo desengaño? El PLD dirá.