Los encontronazos entre los miembros de la seccional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Washington y en otras ciudades de los Estados Unidos, no sólo los han dividido, sino que han llegado hasta los tribunales estadounidenses e, incluso, se advierte que la organización como tal podría tener problemas con organismos estadounidenses.

Versiones procedentes de la capital norteamericana indican que el centro de la controversia es el economista Héctor Santos, quien ostenta la dirección de la seccional desde 1982 y se habría opuesto, de manera sistemática, a permitir el ingreso de otros miembros del PRD a los planos directivos de ese organismo político.

Ante la intransigencia atribuida a Santos, la respuesta de los inconformes fue formar otra seccional, razón por la que éste los llevó a los tribunales, después que registraron el nombre del PRD, por uso indebido del nombre de esa organización partidaria.

Conforme a versiones de los afectados por la decisión de Santos, desde principios de los ochenta, el extinto líder José Francisco Peña Gómez se interesó en que se organizara una seccional del PRD en Washington, la cual fue juramentada en el 1982 y éste puesto al frente de la misma.

Aunque la seccional de Washington para los eventos políticos captaba parte de esa población, a una gran mayoría de los dominicanos se les dificultaba participar en las actividades políticas, puesto que no existían los mecanismos que permitían las seccionales para materializar su participación.

Además, conforme a lo explicado, en la seccional de Washington desde su fundación sólo hubo un sólo presidente, Santos, porque nunca se celebraron elecciones, por lo que éste llegó a manejarla como un feudo personal.

La actitud de Santos provocó que un grupo residentes en los Estados de Maryland y Virginia, promovieran la creación de otra seccional, debido a que su participación en la seccional de Washington no les permitía movilidad en la directiva, ya que los cargos que pudieran ostentar estaban supeditados a la discreción de Santos, lo que motivó la salida de los dirigentes Franklyn Jiménez, Facundo Evora, Reyes de la Cruz, Rafael Alcántara y otros que venían con una experiencia de dirigentes de comités de bases en Santo Domingo y el interior de la República Dominicana.

Este grupo de dirigentes, unidos a otros dominicanos residentes en Maryland y Virginia, tales como Felipe Rodríguez, José Luis de la Cruz e Iván Romero, en el 1996 iniciaron la idea de ir organizando una seccional del PRD en los Estados Maryland y Virginia, inconformes con la situación de la seccional dirigida por Santos.

En el 2000, cuando el PRD organizó el PRAMIL, la seccional de Washington no permitió que el grupo de Maryland y Virginia participara en dicho evento y éstos tuvieron que viajar a Philadelphia, dado que la seccional del PRD en esa urbe les abrió las puertas y como perredeistas fueron inscritos en el PRAMIL.

En ese mismo año, ya en el fragor de la campaña electoral, en uno de los primeros viajes del presidente Hipólito Mejía a Washington, el grupo de Maryland y Virginia le expresó su intención de crear una seccional, inconformes con la que estaba a cargo de Santos.

Conforme a lo explicado, se les recomendó, entonces, que por el momento se incorporaran al sector externo dirigido por los señores Sergio Grullón y Silvio Carrasco y que después de las elecciones, se podían organizar como seccional.

Dentro de ese contexto, para el segundo viaje de Mejía a la ciudad de Washington, este grupo organizó una cena en la residencia de la señora Elvira Carrasco Jones, hermana de Silvio y los fondos recaudados fueron entregados a este ultimo en un cheque.

Dicha cena desató la ira de Santos, quien percibía que ya no contaba con el monopolio de organizar eventos políticos para el PRD y originó una campaña de insultos por medio de periódicos latinos en el área, los cuales concluyeron con la demanda.

El 30 de septiembre, por decisión adoptada previamente por la comisión política del PRD, el presidente, Hatuey de Camps, autorizó al doctor Rafael Lantigua, en su condición de presidente de la Federación de Seccionales del PRD en los Estados Unidos, a juramentar a la seccional de Maryland y Virginia “Antonio Guzmán Fernández”.

Una vez juramentada dicha seccional, Santos le declaró la guerra y registró el nombre del PRD y sus insignias, en Washington y los Estados de Maryland y Virginia, como de su propiedad personal, declarando a la seccional de Washington como una Organización No Gubernamental sin fines de lucro e inició una demanda judicial ante una corte federal en contra de Franklyn Jiménez, Felipe Rodríguez, Iván Romero y otros dirigentes de la seccional de Maryland y Virginia, bajo el alegato del uso indebido del nombre y las insignias del PRD.

En su demanda, Santos alega daños y perjuicios porque la seccional de Maryland y Virginia había recaudado fondos que debieron ser recolectados por la suya, e inclusive, se explicó que en ese entonces, se le dijo a Sánchez Baret que el Departamento de Estado le había informado que ambas seccionales habían recaudado mucho dinero, sin presentar ninguna evidencia y olvidándose que los partidos políticos deben ser registrados en el Departamento de Justicia, no en el Departamento de Estado.

La semana pasada, la corte dictaminó a favor de Santos, otorgándole la propiedad del nombre y las insignias del PRD en Washington, Maryland y Virginia, por lo que ahora exige que el grupo de demandados les pague la suma de US$100,000 por gastos de abogados, mas otra suma que aún se ignora, por daños y perjuicios.

Lo anterior provocó que se tratara de conversar con la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, porque los agraviados entienden que el objetivo no era hacerle daño a nadie, sino democratizar y hacer crecer al PRD.

También, se aseguró, con Ramón Alburquerque, porque habría dado un apoyo decisivo y orientaciones para el futuro, pero que se encontraron con la negativa del doctor Rafael Suberví, quien por medio de un vídeo declaró para la corte federal, que la seccional de Maryland y Virginia no había sido autorizada como lo declaró De Camps, aún cuando a Subervi se le atribuye también haber estado ausente de las reuniones de la comisión política.

La situación ha motivado que los demandados, según alegan, ahora se encuentren con la espada de Damocles, por lo que aprovecharon la última visita a New York, de Mejía, en procura de la solución a una actitud que consideran totalmente personal e intransigente por parte Santos.

No obstante, pese a los escarceos atribuidos a Santos, Eligio Jáquez y a Eludi Pérez para no permitir la oportunidad de tratarle el caso al mandatario, los demandados dijeron agradecer la intervención de una persona que habló con un miembro de la seguridad del Presidente, por lo que le presentaron el caso en presencia de los referidos dirigentes.

Tras esa situación, dijeron que el Presidente llamó a Santos para que se resolviera el caso, pero que éste se negó y explicaron que han apurado la solución del caso, porque la demanda podría llevarlos a la quiebra y porque no fue una acción del partido, sino de Santos.

Se quejan de que hasta ahora, nadie ha podido frenar la acción de Santos y que, inclusive, éste acusó a Guillermo Rivera, frente al Presidente, de ser peledeista, mostrándole fotos de Rivera con el doctor Leonel Fernández, Eduardo Selman, Franklyn Almeida y otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, a fin de justificar la demanda.

Advierten que si la sentencia se hace definitiva, copia de la misma será enviada al IRS, que investigaría si las seccionales del PRD, al no estar registradas en el Departamento de Justicia, han pagado impuestos y que dado que Santos registró su seccional solo a partir del 2000, el PRD tendría que explicar la falta de pagos de gravámenes por las actividades organizadas para tales efectos, incluyendo las que encabezaron el extinto Peña Gómez y otras durante los gobierno del extinto Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y las últimas en la actual administración.