El año que concluye trajo algunas cosas buenas para la sociedad dominicana. Se renegoció el acuerdo de explotación minera con la empresa canadiense Barrick Gold. Fue un éxito económico y político del Presidente Danilo Medina. También se han hecho importantes esfuerzos para combatir el analfabetismo y por incrementar la producción agrícola. Letras para la cabeza y alimentos para el estómago, son dos bienes mayores que es obligatorio fomentar desde el Gobierno. Con ambas cosas ha ganado méritos la administración actual. Por ultimo, diremos que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional –discutida ferozmente– ha puesto un poco de orden en nuestro desconcierto migratorio.

Digo “un poco de orden” porque es solamente reglamentario y legal. Nos haría falta controlar mejor la frontera dominico-haitiana por muchas razones: ecológicas, políticas, migratorias, sanitarias, policiales, tributarias, comerciales, territoriales. El Ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, tiene la experiencia suficiente para ayudar en este punto al Presidente de la República y a la sociedad dominicana. Además de los importantes cargos que ha desempeñado anteriormente en los cuerpos militares, Pared Pérez ha sido también director de Migración. La desmesurada migración haitiana hacia la RD es resultado de la deforestación del vecino país, de su pobreza secular, del crecimiento de la población. Es un problema económico y demográfico.

Pero, obviamente, ha sido “fomentado” por los propios dominicanos. Cónsules dominicanos han expedido montones de visas en las ciudades haitianas; oficiales civiles dominicanos han otorgado actas de nacimiento falsas a miles de haitianos; miembros de las FFAA han traficado con inmigrantes durante años. Los partidos políticos –todos– han “cedulado” haitianos en los torneos electorales. Los empresarios dominicanos emplean mano de obra haitiana “no calificada” en muchos sectores de la producción. “Las culpas” deben ser repartidas.

Las “enmiendas”, por tanto, deberán proceder de diversos sectores sociales. La actuación de la Junta Central Electoral es imprescindible por tener el control de los oficialatos civiles y de la emisión de las cédulas de identidad. No hay que decir que la Cancillería dominicana tiene “vela en ese entierro”. Los “cuerpos castrenses”, constitucionalmente, están encargados de defender el territorio nacional. El ministro Pared Pérez –y sus hermanos– están en posiciones políticas privilegiadas para que esa defensa sea efectiva.