La solicitud de la Junta Central Electoral (JCE) para que sea suspendido el fondo de gestión social de los legisladores hasta que pasen las elecciones, será conocida y acogida o no por el pleno del Senado en marzo, dijo ayer la presidenta del organismo, Cristina Lizardo, quien defendió la soberanía del Poder Legislativo y recordó que esos recursos son parte de la Ley de Presupuesto General del Estado.

Lizardo, y los senadores Amílcar Romero, Eddy Mateo, Julio César Valentín y José María Sosa Vásquez acogieron, en principio, la solicitud formulada por el presidente de la JCE, Roberto Rosario.

Sin embargo, la mayoría de ellos entiende que el fondo social, también conocido como “barrilito” o “cofrecito”, está contenido en la Ley de Presupuesto y que, por consiguiente, esta solo puede ser enmendada mediante otra ley.

“Hemos estado haciendo contacto con los senadores y las senadoras, porque estamos en período de receso hasta el 27 de febrero y de manera oportuna y como cuerpo, daremos respuesta”, manifestó Lizardo.

Los senadores Romero y Mateo acogieron la suspensión del fondo social que administran, conforme a la solicitud de la JCE, pero alertaron que los perjudicados no serán los legisladores, sino los hogares de ancianos, centros de rehabilitación, madres solteras, estudiantes meritorios pobres y otras entidades, y personas y familias con necesidades apremiantes, a los que llegan esos recursos públicos.

Los perdedores. Romero, de la provincia Duarte, dijo que las oficinas provinciales también enfrentarán dificultades porque parte de los recursos son destinados a pagos de sus locales, electricidad, agua, teléfono y otros servicios indispensables.

Subrayó que esos recursos públicos no los utilizan de forma alegre, y advirtió que la dificultad mayor la sufrirán pobres organizaciones sin fines de lucro, que operan con la ayuda y el soporte del fondo social de los congresistas.

Indicó que son destinados, además de las entidades y personas señaladas, para cubrir parte de los programas de asistencia a sordomudos y otros enfermos.

«Entonces, todo esto lo que va es a trastornar el uso de esos recursos en acciones sanas en favor de esos sectores», dijo Romero.

Aseguró que de mantenerse la suspensión, las oficinas senatoriales que ofrecen los servicios sociales tendrían que cerrar.

Destacó que el fondo social se nutre de recursos institucionales evaluados y auditados mensualmente, para mantener su utilización diáfana y transparente.

Es la oposición que está en eso. Por su lado, el senador Mateo, de Barahona, dijo que la suspensión del fondo es una medida transitoria adoptada por la JCE, en atención a presiones de partidos de oposición que, de manera equivocada, creen que frenarán el triunfo de los candidatos peledeístas.

Refirió que cuando un legislador se asoma a su demarcación, sea oficialista o de la oposición, se encuentra con personas, familias y entidades con problemas, muchas veces graves, que necesitan pronta solución.

Citó la compra de un ataúd para enterrar un familiar, recetas para atender a enfermos y otras necesidades de grupos comunitarios.

Daño a todo el mundo. Mateo expresó que si la suspensión del fondo social procura afectar a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, el perjuicio recaería igual entre los de la oposición.

Recordó que esos fondos están consignados en la Ley de Presupuesto, por lo que para suspenderlos habría que modificar esa norma, aunque, subrayó, no se opone a esa disposición.

Por su lado, el senador Valentín, de Santiago, apoyó en todas sus partes la solicitud hecha por la JCE para que el fondo de gestión social sea suspendido.
En tanto, Sosa Vásquez, de San Pedro de Macorís, consideró que la solicitud de la JCE viola la Ley de Presupuesto General del Estado, por lo que sería inconstitucional.

ZOOM

RD$2,129 millones
Mediante las leyes de Presupuesto de 2013 al de este año, correspondientes al mandato del presidente Danilo Medina, los senadores se han aprobado RD$1,152 millones para administrarlos a través del fondo de gestión social, calculados a razón de RD$24 millones mensuales para los 32 miembros del Senado. Se estima que desde 2009, cuando fue creado para sustituir las ONG que apadrinaban, la suma monta los RD$2,129 millones.