El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fidel Santana, consideró ayer que la Policía Nacional continúa con agentes operando como una institución de limpieza social y prevalece la práctica de los comandos paramilitares que ejecutan a ciudadanos, disfrazando los hechos de intercambio de disparos.
Señaló que en este país se ha visto a policías golpeando a ciudadanos por situaciones que no ameritan el uso excesivo de la fuera, y recordó el suceso de un coronel que en meses pasado mató a un hombre porque escuchaba música con ruido excesivo en su vehículo.
Asimismo citó el crimen del policía municipal del Distrito Nacional que ultimó a un hombre con un disparo en la cabeza en una calle de la ciudad de Santo Domingo, y los hechos que a diario se reportan por abuso policial.
Criticó la arrogancia de funcionarios del Gobierno.
A juicio de Santana, en el 2018, los derechos humanos no se respetaron en República Dominicana.
Reclamó que se envíe una señal de política de Estado de que conculcan los mandatos legales, para que se valore la vida humana.
Expresó que la Comisión tiene varias denuncias de violación de los derechos humanos de campesinos amenazados con quitarles sus tierras, de gente que es desalojada de territorios, incluso, la denuncia del exsenador Jesús Vásquez (Chu), quien solicitó que se investigue la violación al debido proceso y a su legítima defensa en el proceso del juicio de Odebrecht, afirmando que no cometió delitos de corrupción, mediante el otorgamiento de obras del Estado, a cambio del pago de comisiones.
Santana dijo que la violación de los derechos humanos se manifiesta en la falta de salud para las poblaciones de todo el país, la carencia de agua y el alto costo de los servicios, como la energía eléctrica.
“Han llegado a nosotros comisiones barriales amenazadas con desalojo, campesinos a los que se les quiere despojar de sus tierras”, manifestó el legislador.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos no tiene más reclamo de gente, porque el pueblo no ha identificado que el Congreso es un canal en el que también se reclama el respeto de sus derechos humanos. Ve que se violan los derechos humanos cuando a la población no se le construyen obras del Estado.