La Policía Nacional informó que Miguel Arturo Florencio, implicado por el Ministerio Público en una supuesta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, era miembro de esa institución, donde ostentaba el rango de cabo.

El cuerpo del orden emitió un comunicado de prensa en el que señaló que López Florencio ingresó como deportista en el año 2011 por recomendación del coronel retirado Víctor Manuel Sánchez.

Luego de cinco años, el empresario fue ascendido a cabo, totalizando unos ocho años y tres meses de servicio.

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El hijo

De su lado, el regidor José Miguel López Pilarte, hijo de Miguel Arturo Florencia, también pertenecía a la Policía Nacional, aunque supuestamente se encuentra suspendido, de acuerdo a la versión oficial.

De acuerdo con comprobantes emitidos por la Contraloría General de la República, ambos devengaban salarios de once mil ochocientos cuarenta pesos con treinta y ocho centavos (RD$ 11,840.38) en la nómina de la Policía.

La Junta Central Electoral había dicho en su cuenta de Twitter que José Miguel López Pilarte, regidor de la Vega, no aparecía en sus registros como miembro de la Policía Nacional como fue denunciado. La entidad afirmó que era su hermano, Miguel Arturo López Pilarte, quien aparecía como raso.

Presos políticos

Los abogados de la defensa de la familia López-Pilarte atribuyen la persecución judicial del Ministerio Público a una trama del Gobierno para hacerles daño político.

“Este acto de retaliación los convierte en perseguidos políticos, presos políticos del gobierno y esto obedece al fracaso de la visita del presidente Danilo Medina en apoyo a su candidato Gonzalo Castillo”, señaló el abogado Amado Gómez.

“Todo eso obedece a que la doctora Amalia Pilarte de López se encuentra ahora mismo como una segura diputada por el Partido Revolucionario Moderno y así lo establecen cada una de las encuestas”, agregó.