La Policía debe ser en todos los países civilizados y los que aspiran a incorporarse a esa jerarquía, el instrumento idóneo para organizar la disciplina y seguridad ciudadana, no contribuir a su desorden, como penosamente acontece aquí.

Es basado en la etimología de su nombre, poli, mucho, y cía, compañía, que la policía nuestra ha debido incorporase a los reclamos de la ciudadanía que sufraga su presupuesto y el de más de un jefe policial que al culminar su incumbencia no ha resultado económicamente como cuando inició su gestión.

Viene al caso tratar el  tema en ocasión del jefe policial decantarse con unos infelices y mal conceptuados criterios alusivos al rol de la “institución del orden” o “la uniformada”, vertidos en Listín Diario del día ocho del cursante mes, en relación a quién debe y no portar armas de fuego, cuando un unísono reclamo de la sociedad civil y la Iglesia Católica postular por el desarme general, como una forma eficaz para reducir la cota alta de la delincuencia que ningún jefe policial con la actual estructura, podría aminorar jamás.

Nadie debiera portar armas de fuego, a excepción de los policías y militares en servicio, ni legisladores, políticos, “amigos” de la PN y las FFAA y suprimir de una vez y para siempre los famosos formularios 25, y para hacer posible ese reclamo ciudadano es menester reformar la vetusta Ley 36-66 de manera que solo se permita la tenencia y no el porte de armas de fuego.

Un programa constante de operativos discretos en colmadones, aeropuertos, cines restaurantes, aeropuertos, puertas de mall, verificando quiénes portan armas, y un test profesional de examen a los aspirantes de poseer, no portar un arma de fuego, que justifique la solicitud, el estado psíquico del solicitante y la evaluación que le merece una vida humana. Es cuanto. No irse por las ramas acomodaticias del simplismo como ha declarado este jefe policial, émulo de Trucutú.