Se estima que entre 14,000 y 15,000 miembros de la Policía de distintos rangos se encuentran prestando servicios en actividades ajenas al orden público, principalmente en oficinas públicas y como espalderos de funcionarios

La situación en que se encuentra la Policía Nacional, el retraso histórico para acomodarse a una sociedad democrática y sus métodos anticuados y despóticos de luchar con los problemas de los ciudadanos, no le permiten  ser garante de  la seguridad pública.

En un escenario de violencia y anomia, cuando la criminalidad se exacerba, organiza y perfecciona exhibiendo nuevas y sofisticadas modalidades, en momentos de pánico por la proliferación de homicidios, robos y atracos, justamente en esa coyuntura eclosionan las lacras policiales acumuladas por años, desencadenando conductas delictivas que alcanzan su clímax con el creciente protagonismo de oficiales y rasos en el narcotráfico y la delincuencia.

En esas circunstancias, la indefensión avasalla a los ciudadanos, los deja desvalidos, desprotegidos, sin un cuerpo del orden que vele por su vida y bienes. Las dotaciones de la Policía Nacional llamadas a ejercer esas funciones pierden efectividad, minadas por la corrupción y la débil institucionalidad, la indisciplina y el precario entrenamiento, la exigua retribución y el pluriempleo.

Independientemente del número de agentes que integren  las patrullas, su eficacia operacional se contrae, y no sólo porque el 50% de los agentes ejerza quehaceres ajenos a sus competencias, una proporción excesivamente alta, pese a la apremiante necesidad de garantizar la seguridad ciudadana. Se restringe también con la distensión en el cumplimiento de sus funciones, con los que se alían a la delincuencia y al narcotráfico, y los que les sustraen la apatía y el miedo.

No se puede garantizar protección con una Policía incompetente y despótica, irrespetada y temida, surgida para reprimir y no para prevenir el delito, en la que perviven los abusos y torturas, los homicidios disfrazados de “intercambios de disparos”, las reiteradas violaciones a los derechos humanos.

La demanda de mayor seguridad se enfrenta a la debilidad de la PN, lesionada por la violación de su Ley Institucional 96-04 y una cultura autoritaria, la precaria infraestructura, escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, su inequitativa distribución y mal manejo, entre otras deficiencias que la invalidan para prevenir y combatir el crimen, para frenar la delincuencia.

La incapacitan por igual las irregularidades que emanan de inadecuadas políticas de administración que traban la transparencia y la eficiencia, el irrespeto del escalafón, los privilegios a superiores jerárquicos y otras prácticas reñidas con la ética profesional, junto a la falta de fiscalización y supervisión por un organismo externo.  Domina un sistema desorganizado, con pocas reglas claras. La ausencia de planificación y de gerencia determinan que las funciones policiales se rijan por la improvisación, tomándose medidas apresuradas, personalizadas y distorsionadas que redundan en perjuicio de la calidad del servicio.

Privatización

En su ausencia, la protección de la ciudadanía se privatiza, se consolida la tendencia de suplantar las funciones policiales por “guachimanes”. Crece notablemente el número de empresas de seguridad, con un total de 224 registradas, de las que operan 163, varias de generales retirados. Conforman una fuerza paralela, un ejército que casi iguala a la PN, unos 31,000 policías frente a más de 28,000 vigilantes privados que sirven de custodia a la clase media y alta que puede costearla, mientras la mayoría queda en peligroso desamparo.

La población, inclusive mujeres y jóvenes, busca autoprotección con la compra de armas de fuego legales y clandestinas, adquiridas en el mercado local y por contrabando, además de los diversos mecanismos de resguardo, desde cadenas y candados hasta dispositivos de alta tecnología. Con permiso legal había registradas en Interior y Policía 202,572 armas a diciembre de 2008. 

Patrullaje

Durante las dos jefaturas policiales pasadas y en la actual ha habido interés por un mayor patrullaje, que  dista mucho de las necesidades. Además, de los efectivos que patrullan habrá que deducir los que se integran a bandas de delincuentes, los cómplices o que intervienen en robos y atracos, los que se involucran en el microtráfico de drogas. No se podrá contar con aquellos con propensión al crimen que ingresan a la PN a fin de ganar un uniforme en que escudarse para delinquir. Deberán excluirse los que descuidan el servicio para “resolver”, no importa cómo, los que procuran “buscársela como sea”, quienes marginan o abandonan sus funciones por el pluriempleo. Y los agentes paralizados por la negligencia que generan los bajos salarios.  

“Alrededor de 9,000 ó 10,000 policías le prestan a la sociedad el servicio por el cual fueron ingresados, no pasa de 10,000”, afirmó el general retirado Pedro de Jesús Candelier, ex jefe de la PN. Al indicársele que la cifra no se correspondía con  la  oficial, respondió: “Yo soy quien le está dando esa cifra y fui jefe de la Policía, y 14,000 ó 15,000 policías están en otras funciones desnaturalizadas totalmente de lo que son. Vas a cualquier Secretaría y están llenas, si ese policía que está ahí estuviera bien pagado, estaría dando servicio a la sociedad, y ese empleo lo tendría otra persona que lo necesite. El policía en su sitio, en su servicio, y pagarle por eso”.

No les pagan

El gobierno no tiene una política salarial equitativa. Funcionarios con ingresos mensuales que rondan el millón de pesos y la mayoría con un mísero salario. Tan precario en los policías que no los motiva arriesgar su vida para enfrentar delincuentes, por el contrario, los induce al pluriempleo o a la delincuencia como opción desesperada de sobrevivencia, a buscar una compensación  al servicio de un funcionario,  político o empresario.

Sus superiores los fueron asignando a  tareas extra-policiales, dejando de ejercer las funciones para las cuales se les formó y se les confirió autoridad.

Esta práctica origina una fuga de recursos humanos y afecta la distribución del personal en patrullas y destacamentos, mientras en las nóminas figuran miembros asignados a dependencias y a otras instituciones que no son reales, por lo que proceden auditorías que depuren la matrícula de recursos humanos de la PN.

La situación sigue vigente pese a las reiteradas promesas de ponerle coto, de que a los policías que no se reintegran a sus cuarteles los declararían desertores. Y así vemos  agentes en uniforme o vestidos de civil como guardianes o choferes, llevando a las esposas y amantes de funcionarios al supermercado y a los niños al colegio, incorporados al personal de algún vacacional de un oficial retirado, laborando en jardinería o cocina y limpieza.

__Que nadie piense que le voy a pasear o a bañar el perro…, dice un sargento, uno de los que se resisten a fungir de sirvientes, aunque muchos prefieren ser guardianes de quienes de alguna forma velan por sus necesidades primarias.

Las claves

1. Seguridad

La seguridad pública no existe, desaparece a la par que  se acrecienta la delincuencia, cuyos ímpetus amilanan a una población aterrorizada al constatar que miembros de la institución responsable de protegerla  se insertan a  bandas que matan, roban y asaltan.

2. Contradiciendo la retórica oficial, la realidad demuestra que la seguridad ciudadana no está en las prioridades del gobierno, como se aprecia en las severas carencias materiales de la PN. Sus intereses son otros, los megaproyectos, las construcciones que dejan comisiones que van a los bolsillos de funcionarios corruptos, a la cuenta que nutre el clientelismo.

3. El reciente anuncio de un desmesurado incremento de policías en las calles de 2,800 a 15,000 sorprendió y confundió, ya que en la gestión de los dos jefes policiales que precedieron al actual se cifró entre 8,000 y 12,000 efectivos. ¿Cómo surgieron en tan corto tiempo los 12,200 agentes incorporados? ¿Eficiencia, error o malabares estadísticos? Menos tangible que el conteo numérico, pero sí demasiado evidentes, son las inconductas policiales que minan su eficacia.

4. La deficiente  gestión en la distribución de agentes en las dependencias y funciones  afecta la eficiencia del servicio policial,  al  igual que la escasez y  deterioro  de las unidades   operacionales. Asimismo, la dispersión de áreas pequeñas y mal dotadas de recursos humanos y logísticos. 

Labor extra-policial

En perjuicio del desempeño policial preventivo, gran parte del personal de la PN realiza tareas no policiales: administrativas, de apoyo,  custodia de altos mandos policiales, de funcionarios gubernamentales, judiciales, legisladores, políticos, dignatarios, empresarios, familiares y amigos.

Los esfuerzos  para que retornen a sus guarniciones no tienen la efectividad deseada. En la gestión de Franklin Almeyda como secretario de Interior y Policía se comenzó a buscar “los policías perdidos”, pero los quitan y vuelven. La práctica se repite con los cambios de mando, al retirársele a unos para asignarlos a otros o al  reasignarlos  cuando los afectados apelan a instancias superiores.