PNUD iniciará  próximos días la evaluación del caso Miranda

PNUD iniciará  próximos días la evaluación del caso Miranda

Será en la primera semana de febrero cuando técnicos extranjeros contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) iniciarán la evaluación del  Estudio  de Impacto Ambiental (EIA) sometido por la empresa Falconbridge para la explotación de níquel en Loma Miranda.

El estudio tardaría alrededor de tres meses y tendrá un costo aproximado de  300,000 dólares, de los cuales US$ 200,000 serán cubiertos por el Gobierno dominicano y los restantes  US$100,000  por el PNUD.

Al dar la información, la representante residente del PNUD, Valeire Julliand, detalló que el equipo técnico estará coordinado por el biólogo mexicano Eduardo Vadillo   e integrado por técnicos en las áreas de biodiversidad, hidrogeología, economía ambiental, minería sostenible y sociología, quienes aún están en proceso de contratación.

Vadillo trabajó también  en el caso de la cementera de Los Haitises.

Julliand expresó que aunque el país cuenta con técnicos capacitados, se buscarán extranjeros para evitar conflictos de intereses.

La evaluación contempla el análisis documental, consultas a diversos sectores y descenso al sitio donde se pretende la explotación, ubicado entre las provincias Monseñor Nouel y La Vega.

Condiciones.  Julliand  explicó que el PNUD estableció condiciones para el estudio,  y  que el Gobierno las aceptó.  Entre esas condiciones figuran el acceso a la información con relación al EIA y a la zona bajo influencia del proyecto minero, protección del personal que hará el estudio, apoyo logístico y el libre acceso a los resultados.

Dijo que  al final la opinión será totalmente técnica, no una posición de arbitraje, pero estará apegada al concepto de desarrollo humano sostenible, el cual se basa en tres dimensiones: un crecimiento económico inclusivo y participativo, un sistema de protección social solidario y un manejo sostenible de los recursos naturales.

“Nosotros no hacemos una función de arbitraje; nuestra opinión es técnica, imparcial, neutral, transparente y objetiva”, aseguró Julliand. Sin embargo el Gobierno será el que decidirá si autoriza la explotación.

“La contribución del PNUD se centrará en aportar una opinión técnica sobre  los estudios presentados por la empresa Falcondo para este proyecto, pero la decisión de otorgar o no una licencia de explotación será exclusiva del Gobierno dominicano”, aclaró.

Legislación.  El marco legal sobre  el cual se harán los trabajo  está en  los artículos 17, 67 y 217 de la Constitución;  el artículo 12 del Reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales, de la  Ley  sobre Medio Ambiente sobre consultas;  el eje cuarto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como seis acuerdos internaciones ambientales.

El PNUD habilitó el correo electrónico lomademiranda@undp.org para recibir  insumos y opiniones.

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Julliand explicó que a nivel de  biodiversidad  se  evaluará  el impacto  de la explotación en los ecosistemas. El aspecto hidrogeológico determinará la afectación de la extracción sobre los acuíferos; con la evaluación  minera se  determinará la sostenibilidad del proyecto.  Con la  investigación  económica  ambiental se determinará la relación costo-beneficios  a nivel ambiental y económico y a  nivel sociológico se busca evaluar los aspectos humanos, sociales y culturales.

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