La directora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, afirmó que a partir de este mes será reactivado el programa de asistencia técnica a las comisiones de veedurías, ahora a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo aclaró que las veedurías no sustituyen las instituciones de control del Estado ni tampoco buscan limitar a la sociedad civil, sino acercarla al sistema de compras públicas.
La funcionaria habló del tema al ser consultada en torno a la falta de operatividad de las veedurías por falta de asistencia técnica o tiempo de sus miembros o de entrega de informaciones por las instituciones.
Historia. Al hacer un recuento, Guzmán apuntó que a la llegada del presidente Danilo Medina al Gobierno en agosto de 2012, el tema de las compras estatales no estaba en ningún lado, a pesar que la Ley 340-06 sobre la materia llevaba seis años vigente.
Recordó que ya había pasado la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) en 2010 y estaba en un punto muerto, por lo que en septiembre de 2012 se retomó el tema que fue parte del programa de gobierno de Medina, quien tenía el compromiso de vincular las compras con la sociedad y las pequeñas y medianas empresas.
Intereses. Guzmán indicó que cuando se crearon las veedurías muchas personas cuestionaron esa figura sin conocer su alcance.
Dijo que tomaron el tema de compras porque ahí están los mayores intereses.
«La gente lo que piensa es que las veedurías van a sustituir las instituciones y eso no es verdad. Cada institución tiene su responsabilidad. Las veedurías están creadas para compras nada más porque ahí es que hay todos los intereses del mundo», expresó.
Rechazó que ese mecanismo buscase manipular la participación al afirmar que el Gobierno lo que quiso fue no quedarse cruzado de brazos ante la inactividad de la sociedad y los organismos internacionales que habían perdido interés.
«Nosotros no queremos sustituir la sociedad civil, no queremos manipular, respetamos demasiado la sociedad civil», expresó al considerar malsanos los comentarios en esa dirección. Dijo que lo que se busca es que la gente conozca sobre el proceso de compras, la Ley 340-06 y el funcionamiento interno de las instituciones y que ayuden en la rendición de cuentas.

Apoyo técnico. Guzmán apuntó que a sabiendas que los observadores son personas con muchas ocupaciones, se les designó un técnico que se paga con recursos de una donación extranjera, porque no sería correcto que sea el propio gobierno que los contrate.
En principio los fondos, donados por la Unión Europea, fueron administrados por el Banco Mundial, pero se agotó ese programa el pasado diciembre.

Explicó que ahora se trabaja para que los fondos sean administrados por el PNUD que aun discute unas cláusulas con la Unión Europea, lo cual ha dilatado la disponibilidad de los recursos. Dijo que no obstante, algunos técnicos han seguido acompañando a las comisiones de veedurías.
Señaló que es muy importante la asesoría técnica porque los veedores no son expertos en compras, además que las adquisiciones del Estado son muy complejas ya que se adquieren artículos de una amplia gama y especialización.
Reconoció que el proceso electoral impactó el trabajo de las veedurías, el cambio de funcionarios en diferentes instituciones, así como la falta de técnicos.

Afirmó que la Ley de Planificación e Inversión Pública establece que la sociedad tiene derecho a participar en la diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, pero pone a cargo del Estado la búsqueda del mecanismo para concretar esa participación.
«Hemos estado buscando un mecanismo que sea lo más imparcial posible y nos ha sido difícil conseguirlo», dijo la funcionaria.
Avances. Guzmán destacó los logros en materia de contrataciones y compras con el aumento de la cantidad de proveedores de 19,000 a 66,000; la publicación de los procesos en Portal Transaccional donde se han registrado 140 que manejan el 70% del presupuesto nacional.

Asimismo, mencionó el decreto 15-17 que ha transformado el sistema de pago, ya que obliga a las instituciones a que antes de comprar o contratar un bien o servicio, establezca que tiene fondos disponibles para evitar discrecionalidad y endeudamiento irracional del Estado.

Es un proceso. Guzmán recalcó que se quiere relanzar el programa de veeduría, porque los observadores “están para dar alertas”.
«Le pedimos a la gente realmente que vea esto como un proceso, tanto en lo que está haciendo la dirección, el gobierno y las comisiones de veedurías y que no nos maten en el intento”, expresó Guzmán al advertir que el país no puede permitirse volver hacia atrás en lo que se ha logrado en transparencia.