POR LUIS M. CÁRDENAS
La especialista en derecho internacional y lucha contra el crimen organizado, Ana María Salazar, advirtió anoche que el gobierno no puede solo resolver el problema de inseguridad, sin la participación de la sociedad civil.

Durante un acto de puesta en circulación del libro «Las guerras que vienen», en la Centro Cuesta del Libro, donde asistieron decenas de personas, dijo que la seguridad nacional de un país democrático no será perfecto.

Mostró su preocupación por el tema de la inseguridad y sostuvo que es el gran reto que se tiene porque el pueblo aguanta todo menos la inseguridad.

Consideró que el pueblo está dispuesto a sacrificar sus derechos por la seguridad, sacrificar sus libertades por lograr orden en la sociedad.

Manifestó que el Estado solo no puede cumplir ese trabajo de garantizar la seguridad nacional, y aboga por mecanismos para proteger los derechos de los individuos.

Sostiene que el papel de la sociedad civil es fundamentalmente oponerse a la inseguridad, y entiende que es necesario disponer recursos para la capacitación de la policía.

Sin embargo, reiteró que el ejecutivo por si solo no puede resolver el problema de inseguridad y que esta es también una responsabilidad de los legisladores con la aprobación de las leyes.

La experta en el tema, quien ha desempeñado varios cargos en la Casa Blanca y el Departamento de Estados de los Estados Unidos, entiende que en la labor de prevención deben participar las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación.

Manifestó que el Estado tiene el derecho de mantener sus secretos, pero que no se le puede permitir que su caja negra sea tan grande.

Considera que es necesario una transparencia a la información del Estado, y sostuvo que Estados Unidos va a tener como prioridad la protección nacional.

En su libro examina el rumbo que tomarán los sistemas de seguridad en Estados Unidos y las repercusiones para el continente americano.

En la obra revisa la perspectiva para México, en donde la transición a la democracia ha llevado a replantear gran parte de las políticas públicas, entre las que se encuentra la seguridad.