Referentes como el volumen, la composición, y la estructura de la población hay que tenerlos muy en cuenta cuando de formular un proyecto de reforma de un sistema de instrucción pública se trate.

Los datos del Censo Nacional de Población 2010 nos dicen que la República Dominicana tenía entonces 9 millones, 445 mil 281 habitantes, 50.17% hombres y 49.83% mujeres; y que había más personas mayores que jóvenes (el 28.7% del total de habitantes tenía entre 35 y 64 años de edad); cifras éstas que demandaban y demandan más inversiones de parte del Estado, en educación y salud.

Los expertos en materia de estadística demográfica consideran que el motivo por el cual en la República Dominicana la cifra de hombres superó a la de mujeres residió en el hecho de que la emigración que afectó en el año 2010 a las personas de sexo femenino no fue compensada por la inmigración de los del sexo masculino. Y que la razón por la cual la población dominicana mostró signos de envejecimiento obedeció al hecho de que “faltando unos siete años para finalizar el siglo XX, los niños y adolescentes seguían perdiendo peso relativo, de modo que los menores de cinco años y los niños de 5 a 9 constituían el 13% y 11% de la población, respectivamente, mientras los adolescentes (10–19 años) disminuían su participación porcentual, en contraste con el aumento de la proporción de personas con 65 años de un 4% al 5%, al mismo tiempo que las de 75 años y más se aproximaban al 2% del volumen total de personas”. También, debe tomarse en cuenta los cambios experimentados en las estructuras de los mercados nacionales e internacionales.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2011 del Banco Central, la tasa de desocupación era sustancialmente mayor entre la población de jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 29 años que para el resto de la fuerza laboral, lo que augura la ocurrencia de graves conflictos sociales en el futuro cercano.

En su libro “Relación entre Juventud y Empleo en la República Dominicana” editado en Santo Domingo en marzo del 2014 por la Editora Búho, el economista Fabricio Gómez Mazara trata a profundidad el tema de la relación entre juventud y empleo. En la página 7 de dicha obra, el destacado economista expresa que “la inserción laboral de los jóvenes es uno de los elementos primordiales para la transición a la vida adulta. A través del empleo, los jóvenes obtienen ingresos que les permiten generar una base material y eliminar la dependencia económica de los padres para establecer un hogar propio. También –continuamos citando a Gómez Mazara- “tener un empleo, con el cual generar ingresos propios, les proporciona integridad, así como legitimidad y reconocimiento social” –Fin de la cita-.

A pesar del aumento de la escolaridad promedio y de la reducción del porcentaje de analfabetismo durante la primera década del siglo 21, continua siendo bajo el nivel educativo que se registra en nuestra población económicamente activa. Esto reduce considerablemente las posibilidades de inserción en el mercado laboral de más de 4 millones de dominicanos (plural genérico).

El grado de educación del individuo es un elemento esencial a la hora de evaluar sus posibilidades de acceder a un empleo digno. Fabricio Gómez Mazara afirma que de acuerdo con la evidencia presentada por el Sistema Nacional de Empleo, “la colocación de las personas se ve limitada porque cada vez más las empresas están demandando altos requerimientos de formación y experiencia, incluso para puestos que no se requieren mucha especialización, exigiendo un mínimo de estudios secundarios aprobados”.

La reforma de nuestro sistema de instrucción pública no es sólo un desafío para el gobierno del presidente Danilo Medina o para nosotros, los de la comunidad educativa. Lo es, sobre todo, para la sociedad dominicana a la que unos y otros servimos.