A 40 años de las protestas populares sigue abierto el debate sobre las cifras

Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 pasaron a la historia de la República Dominicana por las protestas populares que se desarrollaron en gran parte del territorio nacional en respuesta a las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, Todo el gran Santo Domingo de entonces (hoy Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo), San Cristóbal, Peravia, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, Salcedo Espaillat, La Vega, Santiago y Valverde fueron los escenarios de los reclamos y manifestaciones del pueblo contra las políticas económicas del gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco (1982 – 1986), el cual respondió a las protestas con una represión sin precedentes contra la población civil. Todavía hoy existe controversia sobre la magnitud de la tragedia, pues las estimaciones concernientes al número de víctimas fatales varían considerablemente según las fuentes.

En su momento, el Ejército dominicano reportó 47 muertos y 182 heridos. Pero desde el inicio, las estimaciones extraoficiales sugirieron una cantidad significativamente mayor. Uno de los principales obstáculos para establecer con certeza el dato, se encuentra en la falta de transparencia que ejerció el gobierno de la época, el cual minimizó la violencia ejercida dificultando la tarea para esclarecer la verdad histórica sobre el hecho. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas independientes denunciaron esta práctica, indicando, además, que muchos de los fallecidos fueron sacados de las morgues de los hospitales de las Fuerzas Armadas, antiguo Policlínico Naco, el Darío Contreras, el Luis E. Aybar y el Francisco Moscoso Puello a altas horas de la noche.

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En el periódico La Noticia, del lunes 30 de abril de 1984, apareció en primera plana un titular que decía “Gobierno esconde cifras”. En su contenido, se podía leer que “el número de personas muertas identificadas durante los últimos acontecimientos asciende a 70, mientras que cincuenta cadáveres aparecen sin identificar en todo el territorio nacional, lo que elevaría a 120 el número de ciudadanos ultimados durante los violentos acontecimientos que han sacudido al país”. Esta información fue ofrecida por el secretario ejecutivo del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDH), Doctor Ramón Martínez Portorreal.

Ese mismo día, en la página 18 del periódico El Sol, se encuentra una nota de prensa firmada por el periodista Melton Pineda, titulada “Revelan autoridades entierran muertos en disturbios” donde se señala que “Las autoridades policiales de Salud Pública y de la Cruz Roja están sacando decenas de cadáveres sin identificar de las morgues de los hospitales públicos de esta capital para enviarlos a los cementerios con fines de entierro. Estos cuerpos corresponden a personas que fallecieron tras los violentos incidentes de la semana pasada, según fuentes médicas”. Agregó además que “la medida se ejecuta sin permitir el acceso de periodistas ni de personas con familiares desaparecidos o heridos a los hospitales para ver los cadáveres”.

Tras hurgar en el hecho, Pineda señaló que “Periodistas de El Sol comprobaron que en el Cementerio Obrero de Cristo Rey hay 17 tumbas recientes, algunas sin cruces y otras, solo con dos palitos en cruz amarrados con alambre. Según las fuentes, a algunos muertos les han puesto nombres para evitar problemas con el entierro. Los cadáveres son llevados en ambulancias de la Cruz Roja y de los hospitales, algunos de ellos durante la noche”.

Ante ese sombrío panorama, la Comisión de Derechos Humanos reaccionó, exigiendo “que las autoridades permitan que los cadáveres sean identificados por sus parientes”. En el comunicado, la CDH atribuyó la “reacción militar del Gobierno a las protestas que han costado más de 60 dominicanos muertos, 5000 detenidos, 200 heridos y más de 200 desaparecidos”, siendo enfáticos en afirmar que “estas cifras jamás se registraron en circunstancias militares en las pasadas administraciones gubernamentales de Trujillo, Balaguer, Consejo de Estado, Triunvirato y Guzmán”.

En el plano del trabajo periodístico, se resalta la labor del periodista Oscar López Reyes, quien fuera reportero en El Nuevo Diario en el momento de los hechos, y autor en 2005 de la obra «Poblada y matanza (1984), tres días de protestas y otros relatos», un libro que cita los nombres de 107 caídos registrados por el autor. De igual forma, el periodista Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), destacó hace unos años en su programa El Día que en el comité que se conformó en 1984 para “investigar los sucesos de abril” se contabilizaron 87 muertos. Dicho Comité estaba compuesto por Haffe Serulle, quien lo presidía, la Dra. Sonia Vargas, el Dr. Rafael Kasse Acta, el senador Miguel Jiménez Messón y el diputado Miguel Angel Velázquez Mainardi, entre otros.

Por otra parte, los historiadores dominicanos han expresado a lo largo de los años diferentes estimaciones. En 1995, en su Manual de Historia Dominicana, el Dr. Frank Moya Pons consideró que “el estallido popular que fue sofocado tres días después cuando los militares mataron a más de 70 personas que protestaban contra la política económica del gobierno”. En el 2018, el Dr. Wilfredo Lozano en el capítulo Los gobiernos del PRD: 1978-1986. Transición democrática, movilización popular y crisis económica, del Tomo VI de la Historia General del Pueblo Dominicano, indicó que las jornadas de protestas arrojaron “la detención de miles de personas y sobre todo la muerte de más de un ciento de ellas y a por lo menos 500 heridos”.

Por su parte, el Dr. Roberto Cassá en la edición corregida y ampliada del Tomo II de su Historia social y económica de la República Dominicana, publicada en el año 2023, subrayó las “versiones discrepantes acerca del número de víctimas” argumentado que sobre los hechos “el gobierno trató naturalmente de minimizarlo. La prensa recogió un número de alrededor de sesenta personas identificadas. Estimados independientes duplicaron esta cifra e incluso la magnificaron todavía más”. En ese sentido, en 2019 durante el rodaje del documental “1984: El otro abril”, dirigido por Reyvin Jáquez, se confrontaron las posiciones de Bernardo Vega, gobernador del Banco Central en abril del 84, y las del profesor Filiberto Cruz Sánchez. El primero, siguiendo los periódicos de la época, consignó en 54 los muertos. El segundo no dudó en calificar la matanza como un “genocidio”, aunque consciente de la imposibilidad de proporcionar un dato exacto, expresó que “existe un consenso en que fueron más de 100, tal vez 150 o 125”. Así pues, para periodistas e investigadores, el debate sobre las cifras sigue abierto.

Es hora que la historiografía dominicana cuente con una investigación que pueda profundizar en aquellos hechos, para que las responsabilidades políticas y penales de aquella masacre puedan comenzar a ser identificadas.