Ya es habitual que funcionarios y propagandistas gubernamentales se rasguen las vestiduras ante cualquier informe internacional que presente nuestra persistente pobreza, ya sea monetaria, social o de la institucionalidad democrática, como acaba de ocurrir con el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que sitúa el país entre cinco de América Latina y el Caribe donde las profundas brechas urbanos-rurales y desigualdades arrojan pobreza y hambre.
Llegan a asumir que los organismos internacionales tienen prejuicio contra esta próspera nación y optan por ignorar los diagnósticos y recomendaciones, y pasan consignas de no referirse a los mismos, como ocurrió muy recientemente con el informe sobre Calidad Democrática en la República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el país queda entre los últimos cinco de 24 de la región evaluados. La reacción en altos niveles del gobierno fue de incredulidad y hasta indignación, según ha trascendido.
En materia de pobreza la hipersensibilidad gubernamental es mucho mayor, porque el presidente Danilo Medina y sus más cercanos funcionarios están convencidos de que casi barrieron la pobreza y que ya somos un país de clase media, como acaba de ratificar el mandatario hace unos días. Eso es cierto en el polígono central capitalino.
Baste recordar el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD, donde sólo el Distrito Nacional aparece como la jurisdicción de alto desarrollo, y las provincias Duarte, Nouel, Mirabal y Ocoa con desarrollo medio alto, mientras 22 provincias que concentran el 80 por ciento de la población nacional, registran desarrollo medio bajo. Cinco provincias quedaron en simple bajo desarrollo humano. Ellas son Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, donde la población bajo nivel de pobreza supera el 70 por ciento.
Pero amparados en nuevas metodologías que evalúan generosamente los avances sociales, en los círculos de poder crece la convicción de que estamos ganando la batalla a la pobreza, aunque los indicadores objetivos lo desmienten de forma hasta dramática. El mapa del PNUD diagnostica que hemos reducido significativamente la pobreza, sobre todo cuando se compara con el desastre generado por los fraudes bancarios del 2003, pero al mismo tiempo indica que la población en situación vulnerable creció desde entonces 18 por ciento, afectando a 80 mil familias. Es decir que muchos pasaron de pobres a la nueva categoría de vulnerables.
Tiene que haber bajado la pobreza con un crecimiento del 5 por ciento en la última década, denunciado como concentrado y generador de mayor desigualdad. Todavía la Encuesta Enhogar 2018, un amplio y acreditado estudio de la Oficina Nacional de Estadística, con una muestra científica de 37 mil 800 hogares, nos echa en cara la gran pobreza nacional.
Llámenle vulnerable, no de clase media, a una sociedad donde el 47.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua dentro, que del 76 por ciento que la reciben de acueductos, sólo la tercera parte la obtenga permanentemente y que el 55 por ciento del total la recibe tres o menos días por semana. Que el 52 por ciento sufre apagones eléctricos por más de cuatro horas diarias, el 26 por ciento entre 10 y 14 horas y 13 por ciento entre 15 y 23 horas por día, según Enhogar.
Una población con esos indicadores y sin alcantarillados pluviales ni sanitarios, no cataloga como de clase media en el siglo 21. Menos cuando más de la mitad de los empleados formales reciben salarios menores al costo de la canasta familiar del quintil más pobre. Y si tienen que trabajar 12 y hasta 16 horas diarias para sobrevivir, son muy pobres seres humanos. Aún estamos entre los 10 países de más bajo desarrollo humano entre los 35 del continente.
La enorme inversión en propaganda de un gobierno que se ha constituido en el mayor anunciante, con gasto diario de 11.6 millones de pesos y con miles de comentaristas, periodistas y bocinas en la nómina pública trata de convencernos de que ascendimos a país de clase media gracias a unas “visitas sorpresas” y subsidios sociales, que en conjunto apenas alcanzan el 10 por ciento del monto de las remesas de los dominicanos emigrantes, que el año pasado totalizaron 6 mil 500 millones de dólares, es decir 325 mil millones de pesos. Eso sí creció en los últimos 8 años, un 77 por ciento, según las cifras oficiales, y ahí es que radica el mejoramiento del ingreso familiar, pero los propagandistas gubernamentales se roban el mérito.-