R. VIDAL MARTÍNEZ
La crisis provocada por la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina (Anadegas) durante el pasado mes de marzo, demostró plenamente que el pueblo dominicano no tiene a nadie que  lo defienda. En efecto, cuando Anadegas planteó al Gobierno sus reclamos, se dijo que todos los alegatos se referían exclusivamente a sus relaciones con el gobierno y con los mayoristas, es decir, Esso, Shell, Texaco e Isla. 

Sus quejas eran sobre la fórmula para calcular el precio semanal de los combustibles, ya que entendían que cada vez que se modificaban los precios se aumentaba inexplicablemente los valores de importación que servían de base a los cálculos, también objetaban las diferencias por temperatura en las cantidades que recibían  de los mayoristas, protestaban por la reducción de sus ventas con motivo del subsidio generalizado al gas propano que había volcado a los consumidores a utilizar ese combustible en lugar de la gasolina, y en general plantearon una serie de problemas en los cuales solamente eran actores de los mismos, por una parte el Gobierno y de otra parte los mayoristas, que desde hace tiempo han decidido volverse también detallistas para aprovechar así los altos márgenes de intermediación en un negocio protegido por el Estado, sin competencia alguna.

Anadegas dijo una y otra vez que su interés era defender a sus asociados y al mismo tiempo proteger al consumidor que estaba siendo afectado en el precio de los combustibles por todas las irregularidades que ellos alegaban.

Por eso amenazaron con dejar de recibir combustibles de los mayoristas hasta que el Gobierno corrigiera los problemas señalados por ellos. El Gobierno designó una Comisión para que se reuniera con los directivos  de Anadegas y estudiara la situación. Uno de los miembros de la referida Comisión, el Secretario de Estado de Trabajo, declaró públicamente que el caso era sumamente delicado ya que estaban en juego poderosos intereses, y que no se podía tomar medida alguna sin consultar a las partes, y agregó, que tampoco se podía perjudicar al pueblo dominicano por problemas particulares entre sectores económicos enfrentados. Así las cosas, Anadegas insistió en su especie de huelga patronal y el Gobierno amenazó con intervenir militarmente las estaciones de combustibles sobre la base legal de no permitir huelgas en servicios de interés público, obligando así a Anadegas a retirar su amenaza y continuar recibiendo y vendiendo los combustibles.

¿Cuál ha sido finalmente la conclusión de este enfrentamiento entre las estaciones de combustibles afiliadas a Anadegas, el Gobierno y los mayoristas Esso, Shell, Texaco e Isla, que también tienen una gran cantidad de estaciones modernas y que declararon durante la crisis que ellos estaban en condiciones de suministrar todos los combustibles a la población aunque los miembros de Anadegas se retiraran del negocio?.

La  conclusión ha sido que el sábado 25 de marzo de 2006, amaneció el país con una resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio aumentando RD$0.50 (cincuenta centavos) a cada galón de gasolina y de gasoil en beneficio de las estaciones de combustibles. Pero ese aumento no se hizo reduciendo el impuesto del Gobierno, ni limitando el margen de los mayoristas, ni bajando lo que cobran los transportistas.  Se hizo exclusivamente en contra del pueblo dominicano, que era el único que no era parte del conflicto, pero que era el único que no tenía quien lo defendiera. Para darle ese golpe al pueblo dominicano, el Gobierno esperó que los precios de importación bajaran para que el pueblo no se diera cuenta de que lo estaban sacrificando, en beneficio de 492 estaciones de combustibles afiliadas a Anadegas, con el agravante de que como resultaba imposible establecer una discriminación con las estaciones de los mayoristas, los cuales no se estaban quejando, tuvieron que proceder a beneficiar también a los mayoristas en contra de todo el pueblo dominicano que viene a ser un cliente cautivo de esas empresas.

Como el país consume más de 700 millones de galones de gasolina y gasoil anuales vendidos a través de las estaciones de combustibles, esos RD$0.50 (cincuenta centavos) por galón aumentado casi secretamente, significan una sangría de más de RD$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos) cada año contra el infeliz consumidor que siempre debe pagar los platos rotos por otros. A los dueños o arrendatarios de estaciones de combustibles, que no pasan de 500 (quinientas) personas, por la referida resolución se les entrega alrededor de RD$1,000,000.00 (un millón de pesos) por año a cada uno, sin haber jugado Loto.

A pesar del desastre que significó el Gobierno del PRD 2000/2004, la meditación que se impone después de haber recibido ese palo de parte de un Gobierno que se supone debe velar básicamente por todos los dominicanos es la siguiente: ¿Vale la pena elegir el próximo mayo un Congreso con mayoría gobiernista? ¿Vale la pena reelegir en mayo del 2008 este gobierno peledeísta?