El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, ha tocado una fibra muy sensible de la inseguridad ciudadana, al criticar el pobre trabajo que hacen representantes del Ministerio Público que sustentan mal los expedientes acusatorios. Esa debilidad de los fiscales, que también preocupa a la Fundación Institucionalidad y Justicia, es una de las causas de que muchos delincuentes obtengan la libertad con facilidad, por sentencias amparadas en insuficiencia o ausencia de elementos probatorios de la imputación.

El Ministerio Público tiene como cabeza principal al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, un abogado de reconocida capacidad y prendas éticas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, todo su esfuerzo porque esa área de la administración de justicia cumpla a cabalidad su cometido, se desperdicia porque muchos fiscales hacen un trabajo que deja mucho que desear.

De nada sirve modificar el Código Procesal Penal ni endurecer las sanciones para crímenes y delitos, si quienes deben hacer valer esta pauta, o tienen deficiencias de preparación o utilizan sus conocimientos para favorecer de manera interesada a gente que está en riña con la ley y merece castigo. La sociedad necesita que haya una sacudida en esa parte del sistema judicial, para que cumpla sus deberes.

Esa guerra merece aplauso

El Ministerio de Interior y Policía dispuso el cierre temporal de más de una decena de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas por incurrir en violaciones que van desde ruido excesivo a determinadas horas de la noche, no respetar la hora límite de cierre y aceptar menores de edad. Algunos negocios, como colmadones y drinks, se han convertido en fuente de zozobra para las familias que viven en su entorno, y porque frecuentemente son escenarios de riñas y actos de delincuencia.

Nada tenemos contra este tipo de negocio, que tiene su público y encajan en el marco de la libertad de empresa. Sin embargo, es necesario que la autoridad los mantenga bajo control para que su operación no interfiera con la tranquilidad de la familia. El mismo orden social que permite la existencia de estos negocios, garantiza también el sosiego de los ciudadanos. La guerra por el orden merece nuestro aplauso.