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Un gran malestar recorre los sistemas de pensiones del mundo. Desde la cuna de la capitalización individual (Chile), las movilizaciones sociales denuncian las pobres pensiones de los ciudadanos, en un contexto de alta desigualdad, fragmentación de los beneficios y exceso de renta para unos pocos. La preocupación es mayor por los intentos reformistas que buscan cubrir los costos fiscales de los sistemas de pensiones sin asegurar mejores pensiones para los ciudadanos.
A pesar de que la reforma del sistema de pensiones de la República Dominicana es relativamente joven, las manifestaciones de insatisfacción son cada vez mayores en la población. Las voces de alerta se han disparado por la rentabilidad excesiva de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las empresas aseguradoras; y las trabas para la entrega de las pensiones por sobrevivencia y discapacidad a los beneficiarios. A diciembre de 2019, el 31% de las pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobrevivencia solicitadas, habían sido rechazadas de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), a pesar de que las empresas aseguradoras han recibido más de 40 mil millones de pesos en el período 2003-2019. Por su lado, a 135,832 afiliados se les había devuelto su saldo acumulado en las cuentas individuales porque dichos fondos no serían suficientes para garantizar una pensión mínima. En el año 2019, las AFP tuvieron beneficios por 5,889.8 millones de pesos, con una rentabilidad de 38% de su patrimonio, en comparación con la rentabilidad de los fondos de los trabajadores de un 10.82%.
Casi dos décadas después de la reforma que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el panorama dominicano es sin dudas de pensiones muy pobres para el segmento de la población que ha podido cotizar de manera estable y permanente. El primer tema que llama la atención es el bajo porcentaje de la población ocupada que cotiza al sistema de pensiones. A diciembre de 2019, tan solo el 41% de los trabajadores cotizaban al seguro de vejez, sobrevivencia y discapacidad. De los que cotizan, solo el 50% lo hace de manera regular, reduciendo la posibilidad de tener una pensión digna a la hora de pensionarse. Y de los que cotizan de manera regular, lo hacen sobre la base de un salario y tasa de cotización baja. Todos estos elementos resultarán en muy pobres pensiones cuando inicie la primera ola de pensionados a los inicios de la próxima década. Los cálculos disponibles realizados por instituciones de credibilidad a nivel internacional sitúan las pensiones promedio entre un 22% a 33% del último salario del trabajador. No hay dudas de que en el país se está gestando una gran crisis de sostenibilidad social de su sistema de pensiones si no se actúa con tiempo.
El país debe abocarse a una reforma integral del sistema de pensiones, cuyo enfoque sea la búsqueda de mayor equidad y beneficios para toda la población. Tal como lo plantea la actual ministra de Trabajo de Chile, María José Zaldívar, las soluciones para un buen sistema de pensiones pasan por la combinación de diversas fuentes de financiamiento que van desde los impuestos y las cotizaciones, para un pilar solidario dirigido a la población pobre, y los pilares de carácter colectivo e individual para la población trabajadora, sin importar si trabaja o no en el sector formal de la economía. Este es el tema que debe estar sobre el tapete en la agenda de reformas estructurales en el país, tanto en el congreso como en los partidos políticos de cara a las propuestas de gobierno para las próximas elecciones presidenciales. El cambio propuesto de las comisiones de las AFP no tendrá impacto en el corto y mediano plazo, pues las AFP seguirán recibiendo jugosos beneficios, a pesar de las pobres pensiones proyectadas en el sistema.
Las pensiones constituyen uno de los pilares fundamentales en los sistemas de protección social de los países. Este es el momento de ir construyendo los consensos necesarios para una reforma integral a favor de la población.
