ROSARIO ESPINAL
A principios de los años sesenta, la República Dominicana vivió un período corto pero intenso de luchas populares enfrentadas al poder oligárquico (trujillista y anti-trujillista), que culminó con la Revolución de Abril de 1965 y la ocupación militar norteamericana de ese año. La izquierda y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) protagonizaron esas luchas.

El balaguerismo, que se inauguró en 1966 con una austeridad salarial que se hizo permanente, tuvo como uno de sus puntos de diferenciación con el trujillismo haber fomentado un modelo desarrollista a favor de los sectores empresariales (nacional e internacional), con incentivos fiscales y garantías de bajos salarios. De ahí que, en la confrontación oligarquía-pueblo que caracterizó esa época, se privilegió la capitalización de los sectores empresariales en detrimento del mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría. Prevaleció en los sectores de poder la idea de crecer primero para redistribuir después, postulado que dominó en América Latina y da cuenta del crecimiento económico de esos años y las desigualdades sociales acumuladas.

Al crecimiento económico del balaguerismo de los 12 años (represivo y excluyente), le siguió un período de desaceleración económica y endeudamiento durante los gobiernos del PRD entre 1978 y 1986. Las condiciones económicas internacionales eran adversas, pero lo más preocupante fue la capacidad que mostró el PRD desde el poder para reproducir la lógica de exclusión económica que había caracterizado históricamente el capitalismo dominicano.

En vez de impulsar un proyecto de fuerte inversión pública social para elevar la capacitación, los niveles de competitividad y los salarios de la fuerza laboral dominicana, el PRD utilizó el clientelismo parasitario para relacionarse con sus bases y dirigencias.

Es así que del crecimiento económico sin redistribución del balaguerismo de los 12 años, se pasó a una recesión económica sin redistribución con el PRD. Las dificultades internacionales de la época y la presencia de José F. Peña Gómez como líder popular, le permitieron al PRD encubrir su fracaso en implementar un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, y mantener el mito de su compromiso con el bienestar de los sectores populares.

Por su parte, después del retorno al poder en 1986, Balaguer no pudo en sus 10 años de gobierno (1986-1996) estabilizar su proyecto político excluyente. Enfrentó fuertes disputas en elecciones muy cerradas en 1990 y 1994, estabilizó la economía a principios de los años noventa, y finalmente fue desplazado del poder en 1996.

La estabilidad económica de los noventa se debió en gran medida al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la gran expansión económica de Estados Unidos y Europa, en el contexto de una economía dominicana orientada hacia fuera en tres sectores fundamentales para la generación de empleos y divisas: las zonas francas, el turismo y la migración.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que presidió del 1996 al 2000, mantuvo el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, pero sin promover una redistribución del ingreso. Predominó nuevamente la acumulación de capital, a partir de bajos salarios y un limitado gasto público social.

El PRD, en su último período de gobierno (2000-2004), le devolvió al país la inestabilidad económica de los años ochenta, combinando un fuerte endeudamiento externo con inflación y desaceleración del crecimiento, que barrió con el poder adquisitivo y los ahorros de la mayoría de la población. Los escándalos de corrupción y clientelismo estuvieron a la orden del día y fueron los mecanismos utilizados por el gobierno para atender las demandas de las distintas facciones perredeístas.

Esta evolución indica que independientemente del partido en el poder en los últimos 40 años, el modelo económico que ha prevalecido en la República Dominicana ha tenido como eje fundamental la acumulación de capital en manos de unos pocos, y la pobreza de la mayoría que sobrevive con bajos salarios y precarios o inexistentes servicios públicos. El proceso se ha combinado con una amplia red de corrupción pública y privada que aumenta la acumulación de riqueza en una minoría.

Es una fórmula económica que acentúa el subdesarrollo y la pobreza, a pesar de los períodos de crecimiento económico que producen una sensación de progreso, y que se han logrado cuando el gobierno ajusta sus gastos a los ingresos y las condiciones internacionales se tornan favorables.

Para romper este círculo vicioso de exclusión y pobreza, es fundamental pasar a un círculo virtuoso de mayor y más eficiente gasto público social, mejorar la capacitación y productividad de la fuerza laboral y sentar las bases para una economía de mayores salarios. De lo contrario, la República Dominicana seguirá atrapada entre la riqueza excesiva de pocos y la pobreza de muchos, con la corrupción y la delincuencia operando a todos los niveles como mecanismos de acceso a una riqueza que no es adecuadamente distribuida.