Un porcentaje de los valores que pasan al Estado por la persecución del crimen de narcotráfico debe ser entregado a entidades que desarrollan labores de prevención del consumo y de rehabilitación de adictos no solo porque lo dice la Ley 72-02 sobre lavados de activos para los casos específicos de sentencias definitivas. Parte de esos recursos deben tener ese conveniente destino para poder compensar a la sociedad de los daños que causa la distribución de sustancias ilícitas. Se reclamó a la Procuraduría General de la República especializar parte de los 14.5 millones de dólares ocupados en el caso de Quirino PaulinoCastillo y cedidos al país por Estados Unidos, donde es juzgado. Se ha argumentado que por tratarse de una concesión de EUA no existe la obligación legal de sujetarse a la citada ley dominicana .
No obstante, la Procuraduría anunció ayer tarde que satisfará parcialmente el reclamo, por demás justo. En este país se destacan por sus frutos en la lucha contra las drogas varias entidades que operan en la estrechez, dependiendo de la caridad y solidaridad de los ciudadanos generosos y empresas privadas, pues las asignaciones presupuestarias ordinarias que reciben son insuficientes, mientras la población joven que necesita orientación y rehabilitación crece a la carrera. Poderoso motivo para no escatimarles una buena proporción del botín atribuido a Quirino.
Respeto a la labor de prensa
En lamentables ocasiones, el ejercicio periodístico en las provincias resulta vulnerable a la intolerancia. Unas veces se trata de que ciertos políticos reaccionan con intransigencia a la difusión de noticias y opiniones que difieren de sus pareceres o critican sus actuaciones. También suelen ocurrir intentos de intimidación anónima o amenazas abiertas a corresponsales de órganos nacionales provenientes de personas en problemas con la ley.
Las autoridades del gobierno central proclaman y muestran interés de mantener de manera irrestricta el respeto a la labor periodística. A pesar de esa tónica se han escuchado denuncias que merecen ser investigadas sobre el cierre de algunos programas de radio y televisión a nivel provincial, como resultado de gestiones y presiones de entes del poder o la política. Sería inaceptable que persistan actitudes contra el pleno respeto al trabajo de los periodistas en excepcionales zonas del país.