Jesús De la Rosa 
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El maestro de antes laboraba “por amor al arte.” ¡Mucho tiempo ha pasado desde entonces! Afortunadamente ya no es así. Hoy día, quienes ejercen el noble oficio de enseñar exigen salarios, no tan elevados como los que devengan los Jueces de las Altas Cortes de Justicia, sino iguales a los que pudieran devengar los profesionales de otras disciplinas que trabajan en la administración pública o en las empresas privadas.
Desde hace unos años, los profesores de escuelas públicas vienen exigiendo que sus condiciones de vida y de trabajo mejoren de más en más. Actualmente, casi la totalidad de los maestros en servicio está en posesión de un título universitario o normalista. Los profesores en ejercicio están muy conscientes de que uno de los elementos que más incide en el proceso de enseñanza aprendizaje tiene mucho que ver con lo que ellos saben, pueden y están dispuestos a hacer. En la página siete del preámbulo del libro “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), expresa que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”
A partir de la decisión del gobierno del presidente Danilo Medina de invertir anualmente en educación preuniversitaria una suma equivalente al 4% de nuestro PBI, el Sistema Dominicano de Instrucción Pública ha venido experimentando un crecimiento digno de ser tomado en cuenta; el mismo ha beneficiado a miles de niños y adolescentes que no habrían tenido antes oportunidades similares. No obstante, no se ha podido evitar que ese repentino crecimiento haya provocado problemas en lo que se refiere a la calidad de la educación, así como desequilibrios que, a su vez, crean problemas difíciles de resolver. Veamos. A principios de los años 90 del pasado Siglo 20, demandábamos que la inversión en educación preuniversitaria fuera de un 4% del PBI, en tanto que lo invertido en educación superior fuera de un 1%. No era nada del otro mundo. Se trataba de los promedios de inversión en ambos niveles de parte de los gobiernos de los países de la América Española y el Caribe. Lo del 4% del PIB en educación se logró una década después, en tanto que lo del 1% del PIB para el financiamiento de las universidades y los institutos superiores públicos está pendiente de alcanzarse. Esto ha producido un grave desequilibrio que podría acarrear problemas difíciles de afrontar. Según la Constitución de la República y las leyes vigentes cualquier persona académicamente calificada tiene derecho a ingresar a Subsistema Público de Instituciones de Educación Superior y, en principio, hacerlo en el área del saber que elija. Pero, los menguados recursos que el gobierno destina al sostenimiento de la UASD y de otras instituciones públicas de educación superior – una quinta parte del monto que la Ley 139-01 sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología acuerda para ese fin- no son suficientes para hacer valer ese derecho. La población estudiantil de la UASD es de más de 200 mil estudiantes –la cuarta universidad más poblada de la América española y el Caribe- Allí –en la UASD- ya no cabe “ni un mandado”. A ese desequilibrio se le agrega otro: creíamos que una mayoría cada vez mayor de estudiantes universitario optaría por cursar carreras cortas, aliviando así la presión sobre las facultades y escuelas tradicionales y ampliando la oferta de profesionales y técnicos de grado medio. Pero, la demanda de educación superior evolucionó y continúa evolucionando en la dirección contraria a lo que pensábamos. A todo ello se le agrega el hecho de que las estadísticas oficiales muestran que el conjunto de estudiantes matriculados en las Facultades de Humanidades, Educación y Ciencias Económicas y Sociales representan un porcentaje del total considerablemente mayor al porcentaje de estudiantes matriculados en las Facultades de Ciencias, Agronomía y Veterinaria. Se trata de un gravísimo problema que pone en entredicho la inversión.
