A medida que se acerca el plazo para desalojar las actividades agrícolas y ganaderas en el Parque Nacional de Valle Nuevo, las tensiones aumentan ante la resistencia de la mayoría de productores de abandonar el área y la firmeza de las autoridades de no dar marcha atrás con el plan de rescatar ese espacio donde nacen decenas de fuentes de agua.
Sin embargo, un pequeño grupo de productores ha iniciado el desmonte de sus infraestructuras de riego y de ganado mientras las autoridades han flexibilizado el plazo a productores de fresas y cebollas que tenían cultivos iniciados al momento de la resolución.
Valle Nuevo, cuyo nombre oficial es el Parque Nacional Juan Bautista Rancier, tiene una extensión de 910 kilómetros cuadrados y abarca territorio de las provincias La Vega (Constanza), San José de Ocoa, Azua y Monseñor Nouel.
El pasado 29 de septiembre, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 14-2016 que da un plazo de 120 días para la desocupación del área, o sea, que vence el 29 de enero.
Desmonte. Según el administrador del parque, Julio César de los Santos, entre 10 y 15 productores que ya cosecharon han empezado a desmontar sus sistemas de riego y el ganado en las comunidades de Montellano y Pinar Parejo.
Dijo que se lleva a cabo un levantamiento de los predios agrícolas para conocer la porción del área protegida intervenida. El censo ya se ha aplicado en comunidades de San José de Ocoa como Las Espinas, La Horma, La Nuez, La Cienaguita y Loma los Chivos.
Mientras que en Constanza se hizo en Montellano, Río Grande y Pinar Bonito y en el Castillo. Para esta semana llegarán a Pinar Parejo, en la zona de Padre las Casas, Azua.
De los Santos explicó que hasta el momento se han identificado cerca de 200 productores en el censo, el cual no se ha terminado por las frecuentes lluvias.
El censo se lleva a cabo con un formulario en el que además de datos personales, se asienta información geográfica de la parcela, la propiedad y tipos de cultivos, si los productores reciben asistencia técnica, cantidad de terreno cultivado, si tiene pendiente, tiempo que falta para terminar la cosecha, si el agricultor tiene préstamo y de qué institución.

En cuanto al tamaño de los predios cultivados, De los Santos detalló que hay productores pequeños, medianos y grandes. De este último grupo hay con hasta 500 tareas en producción y con títulos de propiedad de 4,000 tareas, aunque no la cultivan toda.
En las zonas agrícolas habitan familias, sobre todo las que tienen pequeños predios, pero los grandes productores viven en el pueblo. En el caso de El Castillo, donde hay población asentada, las viviendas son precarias, sin servicio de energía ni agua.
También hay plantaciones que emplean haitianos y dominicanos que viven en la misma finca en condiciones difíciles.
Flexibilidad. De los Santos confirmó que algunos productores de cebolla y fresas de la zona de Ocoa operarían hasta cosechar, debido a las grandes inversiones en curso que tienen desde antes de la resolución.
En el caso de la cebolla, explicó que este producto dura dos meses en semilleros y cuatro plantado y que hay agricultores que la estaban preparando en terrenos del parque y alegan que no sabían que era el área protegida porque no hay bornes físicos.
Con relación a las fresas (cuyo costo de importación es 10 dólares por cada plántula) se tarda cerca de un año en cosechar.

Afirmó que el ministerio buscará que no haya arbitrariedad, pues sería inhumano hacer que esa inversión se pierda, aunque la medida no dejará de aplicarse.

Dijo que en caso de que se otorgue la gracia de un año, eso se hará bajo acuerdo documentado «para que se vea que no se tumbó el efecto de la resolución, sino que se les está garantizando que la inversión que tiene ahí no se le vea afectada».
Aclaró que al terminar el cultivo debe iniciarse el desmonte de toda la infraestructura de riego, tal como establece la resolución.
Seguridad. El administrador del parque indicó que se ha reforzado la seguridad con con 22 militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Sexto Batallón de Cazadores del Ejército, quienes se encargan del chequeo en los puestos de control para evitar introducción de semillas, así como del patrullaje, lo cual fue comprobado por reporteros de HOY.
Restauración ecológica. De los Santos explicó que cuentan con plántulas para iniciar la reforestación con especie propias de la zona, sobre todo las que estén en peligro de extinción. La idea es asegurar la calidad ecológica del sitio, explicó.
Señaló que en el parque se aplicará el Plan de Erradicación de Especies Exóticas e Invasoras para sacar plantas como el eucalipto, ciprés y animales como cerdos jabalí, conejos que alteran el ecosistema porque afectan a plantas bajas.
Productores. Mientras las autoridades organizan la aplicación de la resolución, los productores insisten en que sean reubicados en otros predios fértiles.
Norberto Rosario, presidente del Bloque de Campesinos de Valle Nuevo, consideró que ha habido irresponsabilidad de parte del Ministerio de Medio Ambiente al otorgar 120 días para retirarse de una área en la que llevan hasta 50 años trabajando.
Aseguró que los agricultores han contribuido a preservar la zona, pues además de apagar incendios, han reforestado cerca de 1,800 tareas desde el año 2010.
Afirmó que las autoridades están mal orientadas por un “pequeño grupo de mentirosos” que alegan que ellos afectan la producción de agua con la agricultura en Valle Nuevo, al referir que todos los ríos del entorno del área protegida mantienen altos volúmenes. También rechazaron que en esa región nace el 70% de la aguas que se consume en todo el país.

Dijo que no puede haber una protección ambiental sin tomar en cuenta los aspectos económico y social.
«Si tenemos que morir reclamando la tierra que nos vio nacer, estaremos en la disposición de hacerlo, expresó Rosario. Llamó al presidente Danilo Medina a atender la situación, pues se puede salir de las manos.

Justo el pasado miércoles se realizó en Constanza una marcha contra el desalojo encabezada por cuatro sacerdotes y con participación de empleados y dueños de empresas agroquímicas.
Mientras en las loma los ánimos están caldeados. “Yo no me voy de aquí vivo sin una solución”, expresó Luis Minyeti, un pequeño agricultor. Igual Leonidas Aquino, se quejó en tono airado de la medida.
Rosario advirtió que en caso de las autoridades no tomarlos en cuenta aplicarán un plan B, el cual no quiso adelantar en qué consistirá. Asimismo rechazó que sean incorporados a los planes sociales del gobierno porque eso estimula la vagancia y ellos son personas de trabajo. “¿Cómo es posible que a una gente que vive de un predio, le van a plantear un bono luz o un bono gas?”, cuestionó.

Afirmó que pese a que el parque está ubicado en terrenos de Azua, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, solo se ha presionado a los agricultores de Constanza. Indicó además que existen mayores daños ambientales en las zonas montañosas de Cruz de Cuaba, La Culata, Tireo y otras que están fuera del parque.
Asimismo aseguró que los predios ocupados no representan ni el uno por ciento del parque.
Señaló que un gran problema es el alto nivel de endeudamiento que tienen los agricultores tanto a la banca como a empresas agroquímicas. Sostuvo que ellos tienen más deudas que los productores de San José de Ocoa.

Flores. Aunque hay pequeños agricultores asentados, existen muchos grandes proyectos agrícolas, uno de ellos es el de las flores en El Castillo, que según su encargado, Nieves Suriel, llegado el plazo tendrán muchas plantas en producción. Suriel mostró un área sembrada de pinos por la empresa, tras asegurar que tienen un manejo sostenible.
En el parque hay villas turísticas, las cuales no serán demolidas, pero deberán someterse a normas de manejo.