El toque de queda, el aislamiento o cuarentena a nivel general y el cierre de fronteras, que solo podían ser ordenados bajo un estado de excepción de orden constitucional, si bien fueron medidas efectivas para evitar la propagación del virus, no eran ni son soluciones sostenibles a mediano ni largo plazo. Es imprescindible que las autoridades busquen y piensen otras soluciones; podemos emular casos de éxitos, usar referencias, innovar y, sobre todo, educar.

Hemos podido apoyarnos de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de las lecciones aprendidas de muchos países que enfrentaron y continúan enfrentando la pandemia. En primer lugar, el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS –con carácter vinculante– y el informe “Avanzar en el derecho a la salud: el papel vital de la ley” –una fuente de recomendaciones o soft law– ofrecen muchos lineamientos para la articulación de una política de manejo de emergencias sanitarias.

Estos instrumentos en conjunto sugieren la importancia de la organización y coordinación interadministrativa del Estado de cara a una emergencia sanitaria y de contar con mecanismos eficaces para la fiscalización y revisión de decisiones que restrinjan derechos y libertades fundamentales, tal como establece la Constitución Dominicana en su artículo 266.5 al referirse del control constitucional de los actos adoptados durante el estado de emergencia.

Además de las medidas obvias (colocar personas con sospecha de contagio bajo observación, aislamiento, cuarentena, entre otras) la OMS recomienda la expansión de la fuerza laboral de atención médica y/o de gestión de desastres mediante la cooptación de personal de otras agencias gubernamentales y jurisdicciones bajo una estructura de comando unificada, tomando en cuenta el hecho de que muchas medidas, para funcionar efectivamente, precisan la intervención de diversos actores de la Administración Pública.

Asimismo, y resaltando la necesidad de su aplicación sujeto al mayor respeto de los derechos fundamentales, de manera transparente y no discriminatoria, la OMS prevé la posibilidad de que el Estado tomé el control de instalaciones y suministros privados para establecer centros de respuesta a emergencias y asegurar la disponibilidad y distribución rápida de productos farmacéuticos y suministros, sujeto a una compensación económica razonable. Por último, pero nunca menos importante, se recomienda realizar el rastreo de contactos de las personas infectadas para fines de aislamiento.

La mayoría de los países que tuvieron un manejo más efectivo de la pandemia emplearon esta medida de rastreo de contactos. Islandia se destacó por prevenir una gran cantidad de contagios valiéndose de un pequeño grupo conformado por un detective, dos policías, dos enfermeras y un criminólogo quienes usaron técnicas de detección para localizar a todo aquel con quien uno de los primeros pacientes diagnosticados con el virus había tenido contacto y así, ordenar su autoaislamiento para evitar que las personas expuestas pusieran en riesgo a más personas.

Muchas comunidades implementaron con mucho éxito programas de rastreo de contacto a nivel local, como fue el caso de la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, en la que las autoridades sanitarias, municipales y policiales, con apoyo de voluntarios comunitarios, se combinaron para localizar y contactar a posibles infectados, hacer pruebas, ordenar y monitorear el cumplimiento del aislamiento, probando la eficacia de la medida en menor escala, sin necesidad de mucha inversión o intervención política.

Con el sistema de rastreo de contacto se previene la propagación del virus sin tener que establecer el confinamiento obligatorio para todos, sin importar exposición al virus o no, reduciendo las repercusiones negativas (desde económicas hasta psicológicas) del confinamiento. Si la experiencia favorece la implementación de esta medida, ¿por qué no copiarla?

Es cierto que hay aspectos culturales, socioeconómicos y hasta institucionales, que justifican poner en duda el éxito de un programa de rastreo de contacto en nuestro país: podríamos temerle a la falta de sensibilidad y responsabilidad social de algunos de nuestros conciudadanos o al estigma para muchos –indistintamente de clase socioeconómica– que sería reconocer públicamente su diagnóstico. No obstante, si podemos valorar positivamente otros aspectos que podrían incidir en la efectividad y alcance de una campaña de rastreo de contacto, como es el hecho de que la República Dominicana es uno de los países con mayor acceso a internet y telefonía móvil de la región.

En la misma forma en que, con motivo de las elecciones, se organizaron centros de contacto (call-centers) para llamar a miles de dominicanos con el objetivo de tantear la cantidad de simpatizantes de un candidato, y se desplegaron campañas de envíos de mensajes de texto a nivel masivo para exhortar a votar por estos, si se hubiera tenido la voluntad, se pudieron contactar a muchos para advertir y/o localizar posibles infectados, exhortarlos a comunicarse con las autoridades ante la sospecha de contagio para tomar las medidas de lugar y hasta dar seguimiento a aquellos bajo autoaislamiento. Estas labores y recursos los podemos utilizar para combatir la pandemia.

De igual forma, se llevaron a cabo campañas proselitistas en muchas comunidades, como también para orientar sobre cómo votar correctamente, ¿por qué no invertimos más recursos humanos y tiempo para educar a las comunidades más vulnerables sobre cómo protegerse y prevenir los contagios?

La desescalada en fases fue atinada al buscar la reapertura progresiva de la economía, al igual que para enseñarnos como vivir en un mundo bajo la amenaza del Covid-19. En ese mismo orden, el levantamiento del estado de emergencia ante la coyuntura política y económica en la que se dio –con todos los riesgos que implicaba– fue sensato, tomando en cuenta lo que su prolongación significaba en una frágil democracia como la nuestra.

Ahora bien, ante la subida de la curva, no sería descabellado si se pondera declarar otro estado de excepción para poder decretar un toque de queda o la cuarentena o aislamiento general –por un periodo de 15 días como mucho– con el objetivo de reducir la curva. Nuestra opinión es que esas no pueden ser las únicas medidas preventivas, podemos hacer más: la respuesta a los contagios ha sido reactiva cuando muchos casos pudieron enfrentarse de manera proactiva mitigando parte de las secuelas.

Nos encontramos ante una situación en la que todos los esfuerzos –aún sus resultados sean relativamente ínfimos– cuentan y urge hacer todo lo posible para bajar la curva. Seamos proactivos: vamos a emular casos de éxito, usar referencias, innovar y, sobre todo, educar.