El empresario Pedro Brache Alvarez, al tomar posesión como presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, planteó la necesidad de convertir el país en la principal potencia exportadora de alimentos del área. Su punto de vista no podía ser más oportuno, pues estamos próximos a empezar a sentir los efectos de la desgravación total pautada por el DR-Cafta para manufacturas y unos cuantos renglones agrícolas. En 2020 el desmonte para el agro será total.

Para el presidente de la JAD, es sintomático que siendo la economía dominicana la principal de Centroamérica y el Caribe, en cambio tiene déficit de balanza comercial con todos sus socios del DR-Cafta. Así las cosas, la estrategia prudente es aprovechar el potencial nacional y hacerlo con la visión de convertirnos en exportadores y suplidores de alimentos, netos y confiables.

El país tiene que aprovechar sus ventajas comparativas para colocar productos entre sus socios del DR-Cafta y en otros mercados ajenos a este tratado. Tenemos bastante tierra, microclimas que facilitan la diversificación, buena pluviometría y estructura de riego, mano de obra, entre otras ventajas, que nos permitirían lograr la meta propuesta por el presidente de la JAD. Falta poner las voluntades a trabajar con la mira en esas metas. Podemos llegar a ser esa potencia, y más que poder, la realidad es que estamos conminados a lograrlo.

Cautela con los cambios al CPP

El Código de Procedimiento Criminal fue una vez la pauta por excelencia en materia penal, pero llegó a resultar obsoleto y fue reemplazado por el Código Procesal Penal (CPP), un fruto de amplias consultas previas entre especialistas del derecho y que algunos llegaron a considerar como un gran salto cualitativo en beneficio de la administración de justicia.

Pero con el tiempo el CPP evidenció fallas. Por ejemplo, a muchos les deja la desagradable impresión de que protege más a víctimas que a victimarios y que da lugar a incidentes procesales que retardan los juicios. Entonces se procedió a modificarlo, solo que sin llenar el requisito de la consulta. El resultado ha sido un CPP ampliamente objetado. Lo aconsejable es que el Poder Ejecutivo someta las modificaciones del CPP a una revisión de especialistas, antes de promulgarlo. No podemos seguir dando tumbos en materia penal.