El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, afirmó ayer que la corrupción y la impunidad son enemigos de la prosperidad, la paz social y de la democracia, y que “un poder árbitro” tiene que dar ejemplo de laboriosidad, probidad y honradez.

Asimismo denunció que los “riesgos más graves” que enfrenta hoy el orden constitucional provienen de enemigos ocultos como una minoría de la clase política, algunas organizaciones de la sociedad civil e internacionales, que han pretendido incluso imponer en el país “una especie de imperialismo cultural”.

El titular del TC habló en esos términos durante la rendición de cuentas correspondiente a 2015 que hizo en una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Creencia errada. Al abundar sobre la corrupción en la justicia, Ray Guevara dijo que ningún juez puede pensar que a la justicia se va a acumular riquezas, sin embargo afirmó que cualquier sospechoso de hacerlo debe recibir las garantías del debido proceso, y solo si se comprueba su culpabilidad “entonces debe recaerle todo el peso de la ley”.

Críticas infundadas. Ray Guevara dijo que la crítica como medio legítimo de control social debe estar dirigida a la labor del juez “y no partir de presunciones infundadas” en cuanto al origen de su investidura o imputaciones ficticias en cuanto a los motivos de sus actuaciones.

Agregó que tampoco la dignidad de un juez admite que pueda ser cuestionado en sus decisiones basado sobre “dudas o sospechas que surjan únicamente de los críticos”, sino que es preciso identificar razones o motivos objetivos que puedan ser comprobados en su verosimilitud.

Los jueces y la política. El presidente del TC tampoco admite que sea desmeritada “in abstracto” la idoneidad de los jueces en atención a la trayectoria o la experiencia política acumulada antes del cargo y afirmó que ni la Constitución ni la ley pueden impedir de forma legítima que tenga su ideología política.

“Todos los jueces de las altas cortes son personas que cumplen sobradamente los requisitos que establece la Constitución, independientemente de que algunas hayamos pertenecido a un partido político o ejercido cargos vinculados a la actividad gubernamental o legislativa, porque no solo no es incompatible con el desempeño de la función jurisdiccional, sino que constituye una experiencia que puede enriquecer la jurisprudencia”, dijo.

¿Quiénes son? Los enemigos ocultos, según Ray Guevara, son un sector minoritario de la clase política, y algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales “de gran presencia”, supuestamente dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho.

Resaltó que desde la instauración de las altas cortes esos sectores “no han cesado de atacar ferozmente a las cabezas del poder jurisdiccional. Se ha pretendido, incluso, imponer una especie de imperialismo cultural para forzar a la adopción de decisiones contrarias a los valores y principios prefigurados en nuestra Constitución”.

Dijo que en el caso del TC, el año pasado esos enemigos llegaron al extremo “de tejer conjeturas infamantes acerca de la decisión que se adoptó en relación con tres acciones directas de inconstitucionalidad incoadas contra el nuevo Código Penal”, atribuyéndole falsedades en cuanto a la fundamentación de la decisión.

“No me cansaré de repetir que los riesgos más graves a la independencia judicial hoy no provienen necesariamente de los gobernantes ni de los sectores económicos conservadores. El orden constitucional enfrenta nuevos enemigos que actúan de modo oculto y no abierto, que afectan este orden de forma indirecta y difusa”, aseguró.

Reiteró, en consecuencia, que el poder jurisdiccional debe ser independiente no solo de los poderes públicos, “sino también de aquellos invisibles, y de cualesquiera otros poderes privados como los medios de comunicación, las iglesias, el empresariado, los partidos políticos o grupos de presión que pudieran entorpecer su labor”.

Queja contra Educación. Ray Guevara le recordó al ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, que la enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas “es un mandato imperativo” establecido en la misma Carta Magna, y se quejó de que no obstante el acuerdo de cooperación Institucional firmado entre ambas instituciones y otras diligencias encaminadas, todavía no ha cumplido.

“El Ministerio de Educación debe obediencia a la Constitución, para así poder reclamarle a la comunidad educativa que la respete”, puntualizó.

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Año fructífero

El presidente del TC resaltó que 2015 fue un año de “extraordinarias realizaciones”, de reafirmación del sagrado compromiso contraído por todos los jueces de esa alta corte al ser juramentados, “y poderoso estimulante para la acción del presente y del porvenir”. Informó que durante el año emitieron 626 sentencias; impartió dos diplomados; creó nuevas colecciones y organizó eventos internacionales.