El colectivo Poder Ciudadano consideró urgente sanear y transformar el sistema de justicia dominicano, «convertido en un mercado de compra y venta de sentencias, según evidencian los últimos casos de corrupción que involucran a jueces y otros miembros del poder judicial».

“Para sanear el sistema de justicia habría que comenzar destituyendo a los miembros de las Altas Cortes de justicia que apadrinan la impunidad. En este descalabro del sistema judicial se hace evidente la complicidad del Ministerio Público y del propio procurador general de la República que se negó a recurrir en el caso que involucra al senador Félix Bautista”, criticó el colectivo.

Al referirse al escándalo de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Poder Ciudadano exigió que el ex director de esa entidad, Miguel Pimentel Kareh, también sea incluido en el expediente, «pues de manera misteriosa este no figura entre los responsables de los casos de corrupción acontecidos bajo su gestión y que dieron lugar al suicidio del arquitecto David Rodríguez».

Indicó que para acabar con la impunidad se debe dar curso al sometimiento a la justicia de todos los casos de corrupción, sin importar el estatus político, empresarial o social que se ostente.

“El lugar de los ladrones es la cárcel y los recursos sustraídos al pueblo deben reintegrarse al patrimonio público”, resaltaron en una nota de prensa.

De igual manera, exigieron que se auditen e investiguen todos los contratos en cuestionamiento público como los de la empresa brasileña Odebrecht, los de los sectores eléctricos, mineros y las empresas privatizadas sin procesos de transparencia.

Danilo debe explicar. Poder ciudadano señaló que es el presidente de la República Danilo Medina y su gobierno a quien le corresponde explicar al pueblo que los eligió, por qué mantener abierta una oficina que duplica las funciones de un ministerio o por qué permitir que agentes policiales maltraten a quienes intentan protestar frente a la oficina que para el año entrante recibirá más de 9 mil millones de pesos.

Agregó que la cuestión de fondo no es el cierre o no de una oficina adscrita a la presidencia lo cual podría hacerse con un simple decreto, sino que de lo que se trata es que ya la sociedad dominicana no aguanta más corrupción, más impunidad, ni más reparto del patrimonio público.