Poder Ejecutivo emite decreto el reglamento Mivhed

Poder Ejecutivo emite decreto el reglamento Mivhed

El Poder Ejecutivo emitió ayer el decreto 236-22, que crea el reglamento orgánico y funcional del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y el 237-22 que establece el régimen jurídico del voluntariado en el país, cuya emisión estaba pendiente desde 2015.

El decreto 236-22 dará cumplimiento al mandato del artículo 98 de la Ley 160-21 que crea el Mivhed y su reglamento, el cual cuenta con 96 artículos y cuyo objetivo es definir las competencias, funciones, estructura interna y organización de esa institución, su autoridad e interrelación de sus funcionarios con las entidades adscritas.

Un informe indica que del 11 al 27 de abril pasado, el reglamento fue sometido al procedimiento de consulta pública previsto en el artículo 138 numeral de la Constitución, en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, entre otras legislaciones.

El presidente Luis Abinader también dictó el reglamento de aplicación de la Ley 61-13, que establece el régimen jurídico del voluntariado.

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El reglamento regula los ámbitos de actuación del voluntariado, sus modalidades, programas, proyectos y causas; las instituciones y entidades que desarrollan programas con voluntarios, el registro de voluntariados y sus derechos y deberes.

Previo a su emisión fue producto de un amplio proceso de socialización con los actores relevantes.

La orden ejecutiva designó a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, ministro de Mivhed, y a Juan Luis Julia Calac, viceministro administrativo y financiero.

Según una nota de prensa de la Presidencia, el reglamento estuvo sometido al procedimiento de consulta pública previsto en el artículo 138 numeral 2 de la Constitución de la República; en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública número 200-04, en la Ley 107-13; sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo; y en el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

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