Ya es tiempo de que los representantes del Poder Ejecutivo y de los municipios delimiten, en los hechos, los ámbitos de actuaciones de uno y de otros. La República Dominicana necesita hacer realidad la descentralización en la gestión del territorio y sus derivaciones, con el objetivo político de desconcentrar el poder y con el propósito administrativo de disponer de una mejor intendencia de los servicios básicos que necesitan los ciudadanos en su vida diaria. Entre nosotros, una cosa es la Constitución de la República y las leyes adjetivas sobre la materia, y otra es la realidad de todos los días. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene las manos largas, tan largas que llegan a todos los ámbitos, en todo se inmiscuye, toma decisiones en todos los ámbitos y cuando quiere atropellar, atropella. Este es uno de los factores que explican la debilidad de los territorios municipales del país, debilidad que en ocasiones llega a la tuberculosis. En este aspecto, todos los Gobiernos post Trujillo se han comportado de manera similar, no obstante las promesas y no obstante las prédicas partidarias y las promesas de los candidatos presidenciales que luego se hospedan en el Palacio Nacional. La Ley que especializa el 10% de las recaudaciones fiscales ordinarias para ser distribuido entre los ayuntamientos, tomando en cuenta su población, es el mejor ejemplo del sistemático abuso del Poder Ejecutivo contra los ayuntamientos.

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Esta Ley, la número 166-03, nunca se ha cumplido totalmente y según cálculos recientes del eminente economista Nelson Suárez, publicados en este diario, entre los años 2004 y 2023 –veinte años— el Gobierno Central debió de entregar a los ayuntamientos 807 mil 659 millones de pesos, pero solo entregó, bajo argucias legales, 313 mil 466 millones. Es decir, dejó de entregar 494 mil 193 millones. Es el viejo juego de los políticos dominicanos de aprobar leyes para no cumplirlas. El resultado de este tipo de “abuso institucional” es malos o ausentes servicios básicos a los munícipes.