El presupuesto del Poder Judicial de este año, al que le atribuyen la mora de los procesos judiciales y la mala calidad de la investigación del Ministerio Publico, es de apenas RD$8,619,263,346, equivalente a un porcentaje inferior al 2.66% que le corresponde de las recaudaciones del Estado.
Este poder arrastra un déficit importante, lo que dificulta la administración de los tribunales y de las cortes del país.
Los tribunales siguen siendo desdeñados en los fondos del Estado.
El Presupuesto General del Estado para el 2020 dejó invariable la partida presupuestaria para el sistema de Justicia del país.
Sin embargo, la Ley 194-04 dispone que al Poder Judicial se le otorgue no menos el dos punto sesenta y seis por ciento (2.66%) de los ingresos internos que recibe el Estado dominicano cada año. El Poder Judicial recibe un presupuesto muy inferior al del Poder Ejecutivo, que este año es de RD$830,881,442,606, y muy por debajo del Ministerio de la Presidencia de la República, cuyo monto es de RD$67,553,913,169.
Hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene un presupuesto más elevado que el Poder Judicial dominicano, al asignársele en el Presupuesto de 2020 un monto de RD$43,235,726,052. Aun el Ministerio de Turismo dispone este año de más fondos que el Poder Judicial. Si se comprara, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contará con RD$8,619,263,346 y Turismo tendrá recursos por el orden de los RD$9,117,856,367.
La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada para este año, se lleva la gran partida de RD$68,790,001,031.
Pero el gran presupuesto del Estado en 2020 se centra en la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros, con RD$167,150,779,513, los cuales son cifrados como gastos corrientes, sin especificar cifra para gastos de capital.
Lo permitido. El artículo 10 de la Ley de Presupuesto General del Estado, relativo al financiamiento de corto plazo el Gobierno central, autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir Letras del Tesoro o contratar otros medios de financiamiento por un monto máximo de de RD$28,000 millones o su equivalente en moneda extranjera, los cuales deben ser cancelados al cierre del ejercicio presupuestario de 2020.
Contrario a lo que ocurre con algunos servicios que brinda el Estado dominicano, como el transporte, la energía eléctrica o la construcción de obras de infraestructura, el Presupuesto General de 2020 no hace mención a préstamo o línea de crédito para financiar la construcción de nuevos tribunales o la creación de departamentos judiciales, de los tantos que son demandados en todo el país.
En la actualidad, el Congreso Nacional no ha podido darle respuesta a la aprobación de los códigos penales y civiles, para agilizar los miles de procesos paralizados ni aprobar las solicitudes de nuevos tribunales, sobre todo, en materia penal, entre los que figuran Higüey, La Romana, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Santiago.
Violación a la Constitución
En agosto de 2016, en forma separada, jueces del municipio de Las Matas de Farfán y del Distrito Nacional protestaron en demanda de que al Poder Judicial se le asignara el 2.66% del Producto Interno Bruto (PIB). Las protestas fueron desautorizadas por el entonces presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía. Empero, los jueces exigieron el 2.66% del presupuesto del Estado, alegando que esos fondos les corresponden por ley.