El Poder Judicial (PJ) inauguró anoche la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, acto donde el presidente Luis Abinader aseguró que en los últimos años República Dominicana ha emprendido profundas reformas para consolidar una justicia moderna, transparente y digitalizada, gracias al liderazgo del Poder Judicial.

“Hemos trabajado de la mano el Poder Judicial para implementar una transformación profunda, digitalización de servicios, interoperabilidad con otras instituciones, audiencias a distancia, centro de atención integral y mecanismo de atención remoto, acciones que no solo modernizan el sistema, sino que lo acerca a quienes más lo necesitan”, expresó el mandatario, a dar las palabra de apertura al evento, realizado en el Teatro Nacional, en Santo Domingo.

Solidez de la democracia

Abinader manifestó que es momento de profundizar la cooperación, tras destacar que la solidez de la democracia depende en gran manera de la fortaleza de la Justicia.

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Más allá de las fronteras

De su lado, Luis Henry Molina, presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia dominicana, llamó a las Cortes Supremas y los Consejos de la Judicatura que participan del evento a actuar como aliados estratégicos más allá de sus fronteras.

El magistrado Molina, también preside “pro tempore” de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, destacó que cooperar no es una opción, sino una obligación de compromiso con la democracia.

Explicó que en las dos jornadas de trabajo, hoy y mañana viernes, los países compartirán avances, identificarán desafíos comunes y proyectarán soluciones concretas.

Una justicia más cercana

Henry Molina agregó que ese encuentro constituye un espacio para intercambiar experiencias, construir consensos, trazar rutas compartidas y dar pasos reales hacia una justicia más cercana, eficiente y digna para las sociedades iberoamericanas.

En tanto, la ministra Elena Martínez Rosso, secretaria permanente de la Cumbre y ministra de la Corte Suprema del Poder Judicial de Uruguay, calificó de inédito el evento, debido, no solo por el número de participantes, sino sobre todo por su contenido temático y por la intervención de los integrantes de las distintas comisiones y los grupos de trabajos que la conforman.

Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, habló sobre los trabajos de la Cumbre, celebrada hace más de dos décadas, y destacó tres de sus principales logros, que son el Estatuto del Juez Iberoamericano, Las Reglas de Brasilia, que maneja el tema del acceso a la Justicia y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

“El Estado de Derecho es la columna vertebral de la democracia y en consecuencia, solo el Poder Judicial puede tutelar el Estado de Derecho y ser el garante último de la democracia”, explicó.

Sobre la cumbre

La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que facilita la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un lugar a los líderes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de esas naciones.

El lema de la XXII Cumbre Judicial es “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, centrado en tres ejes estratégicos: Justicia oportuna, sin mora; Justicia inclusiva, que garantice el acceso para todas las personas, y Justicia confiable, cimentada en la transparencia.

En la Cumbre habrá reuniones de alto nivel, diálogos entre presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, paneles temáticos donde las comisiones permanentes presentarán sus resultados, y en la clausura presentarán los productos generados y firmarán la Declaración de Santo Domingo.

Países miembros

La Cumbre Judicial Iberoamericana está integrada por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico.

En la actividad también estuvo el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jueces, legisladores, funcionarios, miembros de la comunidad jurídica y representantes de la sociedad civil.