WASHINGTON. El poder judicial de Estados Unidos dijo el martes al Congreso que rechaza la idea de que haya un defensor independiente para asuntos de privacidad en el Tribunal de Vigilancia a la Inteligencia Extranjera, pero varios congresistas elogiaron el concepto durante una audiencia en el Capitolio.

Hablando a nombre de todo el sistema judicial, el juez de distrito John D. Bates envió una carta a la Comisión de Inteligencia del Senado en la que dijo que nombrar un defensor independiente para el tribunal de vigilancia secreta —FISC, por sus iniciales en inglés— es innecesario y posiblemente contraproducente.

Bates también fustigó otras propuestas de reformas clave, al afirmar que significarían un trabajo mucho más pesado para el tribunal secreto. En las audiencias actuales del FISC, los jueces solo escuchan los argumentos del gobierno cuando busca una orden para realizar espionaje. Bates dijo que abrir el proceso a un defensor de la privacidad —quien nunca podría reunirse con el sospechoso ni defender las acusaciones en su contra— no crearía la clase de alegato visto en un proceso penal o civil.

“Dada la naturaleza de los procesos de la FISA, la participación de un defensor no crearía una auténtica contraposición de argumentos ni ayudaría a las cortes a evaluar los hechos”, escribió. Los miembros del grupo de trabajo presidencial que recomendó crear tal defensor insistieron en la propuesta ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, al igual que el presidente de ese panel, el demócrata Patrick Leahy, durante una audiencia realizada el martes sobre los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés).

Cass Sunstein, un miembro del Grupo de Revisión a las Tecnologías de Inteligencia y Comunicaciones, dijo que el tribunal secreto no debe tomar decisiones sobre ley o políticas sin escuchar una voz de oposición. “Eso no es congruente con nuestras tradiciones legales”, dijo Sunstein. Se espera que el presidente Barack Obama anuncie el viernes qué cambios está dispuesto a hacer para resolver las preocupaciones por la privacidad, las libertades civiles y los aspectos legales que se plantearon por las tácticas de vigilancia de la NSA.

Los miembros del grupo de trabajo elegido por el presidente también defendieron su propuesta de encargar la tarea de almacenar registros telefónicos de los estadounidenses, actualmente a cargo de la NSA, directamente a las compañías telefónicas. Cuando el senador Charles Grassley, republicano por Iowa, expresó su preocupación sobre si las compañías telefónicas podrían resguardar con seguridad los metadatos telefónicos, el profesor de Derecho de la Universidad de Chicago Geoffrey Stone reconoció que podría ser algo para preocuparse. No obstante, Stone dijo que el panel concluyó que había una amenaza mucho mayor en el futuro sobre el posible mal uso de los datos telefónicos por parte del gobierno.

Las compañías telefónicas se oponen a la tarea de almacenar los datos. Les preocupa estar expuestas a demandas y costos si el gobierno les pide conservar información acerca de los usuarios por más tiempo que en la actualidad.

Directivos y abogados de las compañías telefónicas se han quejado del plan en reuniones confidenciales con autoridades y congresistas influyentes de comisiones de inteligencia, de acuerdo con testimonios recabados por The Associated Press. Según dos directivos con conocimiento de las discusiones, la industria de la telefonía móvil dijo al gobierno que prefiere que la NSA mantenga el control del programa de espionaje y sólo aceptaría cambios si tiene obligación legal.

Los directivos hablaron en forma anónima porque no estaban autorizados a divulgar el contenido de las conversaciones privadas. Sin embargo, también ha habido quejas públicas. “Nuestros afiliados se pondrán a la imposición de obligaciones para conservar datos por más tiempo del necesario”, dijo Jot Carpenter, vicepresidente de asuntos gubernamentales en la CTIA-The Wireless Association (Asociación CTIA-Inalámbrica), el grupo que congrega a la industria de telefonía móvil. Directivos y abogados de la industria dijeron que las compañías serían renuentes a convertirse en guardianes de los registros telefónicos y solo lo harían si las leyes actuales se cambiaran para relevarlos de responsabilidades legales y de cubrir los costos.

La responsabilidad es una preocupación para las telefónicas, que podrían ser demandas en caso de que algún intruso cibernético tuviera acceso no autorizado a los registros. Bajo la ley antiterrorista “Patriot Act”, que rige el programa de recolección de llamadas telefónicas de la NSA, las empresas de telefonía no son responsables legalmente cuando entregan información al gobierno en investigaciones sobre terrorismo.