El Poder Judicial encabezado por su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, saludó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de uso de medios digitales en el PJ, iniciativa que busca habilitar y regular el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos judiciales y administrativos de este poder del Estado.

Con su aprobación se permitirá la tramitación en línea para abogados y ciudadanos, realizar audiencias virtuales con excepción de la materia penal, uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y disposición al público del expediente electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial ha hecho posible.

La opción de los medios electrónicos para tramitar en el Poder Judicial amplía los canales de servicio, permite observar el funcionamiento de los tribunales y la trazabilidad desde la entrada de los expedientes hasta su entrega, impactando positivamente en la eficiencia, la transparencia y una mejor administración de justicia.

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Esta propuesta fue remitida por los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año pasado, siendo esta la primera vez que el alto tribunal utiliza su facultad de iniciativa legislativa reconocida por la Constitución de la República.

Es justo reconocer y ponderar la labor del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Alfredo Pacheco, del presidente de la Comisión Especial, diputado Víctor Fadul y los integrantes de la Comisión Especial para su estudio.

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados es un claro indicio de que el país tiene conciencia del impacto de las tecnologías en lograr una Justicia eficiente, inclusiva y confiable.

La habilitación de los trámites digitales surgió en respuesta a la pandemia, aunque su planificación estaba pautada desde 2019, en la Planificación Estratégica Visión Justicia 20/24.El proyecto abona al cumplimiento de la misión del Poder Judicial, siendo una propuesta indispensable para garantizar la celeridad y economía procesal necesarias para asegurar una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Hoy pasa a una segunda etapa en su camino hacia convertirse en Ley: deberá ser conocido por el Senado de la República.

El uso de la tecnología en la administración de justicia permitirá brindar un servicio óptimo inspirado en las obligaciones de tutela judicial efectiva y debido proceso contenidos en el artículo 69 de la Constitución dominicana. Se exhorta a todo el sector justicia y la ciudadanía en general a respaldar esta pieza legislativa que aporta a la mejora continua del servicio de justicia, optimizando la gestión judicial tal como demanda la sociedad dominicana.