El Poder Judicial remitió su ante proyecto de presupuesto de gastos para el próximo año que incluye el Fondo del Programa de Modernización de Tierras, tomando en consideración la necesidad de poner en funcionamiento los tribunales creados por ley que se ajusten a las exigencias reales de sus regiones y contemplando, además, la implementación de los códigos de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Procesal Penal, así como la instalación de tribunales para la aplicación de las nuevas leyes.

Actualmente su presupuesto de gastos para el año Dos Mil Cuatro asciende a la cantidad de RD$2,022,660,587.29, suma que ha sido reducida sensiblemente en el proyecto de presupuesto y Ley de Gastos Públicas que el Poder Ejecutivo someterá próximamente al Congreso Nacional.

El Poder Judicial está inmerso en una serie de labores insoslayables, para mejorar profundamente sus actividades y debe ponderarse ese esfuerzo ante los conflictos monetarios de comercio interno y extranjero, la política arancelaria, la inmigración, las comunicaciones, las relaciones extranjeras, la defensa y control de las aguas navegables, la banca, la quiebra, la reglamentación del ambiente y tantos otros aspectos de nuestro quehacer, así como el surgimiento de constantes conflictos constitucionales de leyes, decretos y resoluciones; todo agravado por la proliferación de acciones delictivas en todos los niveles sociales; muchas veces protegidas y expresamente impunes. Si bien es cierto que avanzamos con pasos firmes hacia la modificación y actualización de los códigos que nos rigen creemos, sin norteamericanizar el sistema, se culminará con una eficiente administración de justicia y sin soslayar que de nada servirá sin el esfuerzo personal de sus incumbentes. Tenemos la fortuna de contar con magistrados de gran dedicación, laborando más allá de lo que el deber exige. Pero las condiciones en que nuestros jueces administran justicia no son a menudo las más óptimas y los valores presupuestales que se le asignan al Poder Judicial lesiona aún más su estructura económica; afectando el funcionamiento eficiente de ese Poder del Estado, principalmente en su necesaria y urgente labor de reforma profunda.

Es una obligación estructurar el ejercicio de todos los tribunales de la República, y la suma asignada en el proyecto de presupuesto para el año Dos Mil Cuatro resulta insuficiente, puesto que el derecho de un país debe responder constantemente a las necesidades de su gente, de toda su gente y no solo de parte de su gente. Resultando la partida presupuestal recortada un dique contra el cambio profundo que es urgente exponer a nivel judicial.

Puede ser, es la esperanza de todos, que la suma acordada al Poder Judicial sea reconsiderada o que el Consejo Nacional de Desarrollo, al revisar y aprobar definitivamente el proyecto de presupuesto de manera definitiva, pondere las necesidades económicas del Poder Judicial, inmerso en una serie de actividades que tienden a fortalecer una mejor administración de justicia y que, desde los albores de nuestra Independencia, ha sido relegado en sus funciones de impartir justicia como a la cenicienta de Perrault, si lo asimilamos a la organización tripartita de la Democracia Representativa.