En este país, por falta de deslinde entre lo partidista y lo oficial, se toman frecuentemente decisiones de Estado que debilitan instituciones a las cuales se debe fortalecer.

Víctimas de actos de esa catadura han sido desde hace tiempo –y lo son en estos momentos– los ayuntamientos o gobiernos municipales, que en vez de ser fortalecidos como parte de la estructura institucional del Estado, se les asedia y debilita sin razón.

En estos días se ha estado exigiendo a los ayuntamientos –regenteados en su mayoría por el Partido Revolucionario Dominicano– que entreguen a las respectivas gobernaciones equipo pesado que recibieron de las mismas.

Lo primero es que son los ayuntamientos, no las gobernaciones, los que deben administrar el equipo pesado que se utiliza en la realización de obras comunitarias. Además, hay que recordar que muchas de esas maquinarias originalmente estaban destinadas a los ayuntamientos, como parte de un programa de un financiamiento de US$20 millones que concertara el anterior Gobierno para equipar a los gobiernos municipales.

Por más que se quiera disimular, la exigencia que se hace a los ayuntamientos tiene un componente de rivalidad política difícil de ocultar, pues se busca poner en manos de los gobernadores, que están alineados en el partido oficialista, valores que ahora están en manos de administraciones municipales de mayoría perredeísta.

En buen cristiano, el equipo pesado que se está reclamando con emplazamiento y todo debe estar en poder de los ayuntamientos y éstos deben utilizarlos para obras comunitarias. Las gobernaciones están para otra cosa.

-II- El debilitamiento de los gobiernos municipales no es hechura de la presente administración del Estado, aunque por lo expuesto en párrafos anteriores se deduce que [esta ha acogido el estilo iniciado durante los primeros mandatos de Joaquín Balaguer.

Los ayuntamientos tienen autoridad en materia de tránsito terrestre, pero han sido despojado de esa prerrogativa. También les corresponde realizar y mantener en buen estado las vías de los municipios, pero la Presidencia de la República desde hace muchos años usurpa estas funciones.

Los ayuntamientos tienen autonomía y facultades para crear y cobrar arbitrios, y crear los instrumentos que garanticen el cumplimiento de sus resoluciones, pero de alguna forma se les imponen trabas.

Todos estos despojos en perjuicio de los ayuntamientos son el resultado de la degradación a que han sido sometidas las funciones municipales por parte de los partidos políticos. Ya cayeron en el olvido las épocas en que un regidor era un auténtico representante comunitario, con nociones de la importancia de sus funciones y que ejercía con entrega su papel. Los partidos han erosionado la importancia de esa función y han reservado las regidurías para pagar deudas políticas con personas que, salvando honrosas excepciones, no tienen noción de sus funciones y solo están interesadas en «buscarse lo suyo» con el menor esfuerzo posible.

Hay que devolverle a los ayuntamientos sus facultades y poderes, respetarlos y dejarlos trabajar en las que son sus responsabilidades, sin propiciar situaciones que transfieran a las gobernaciones facultades que no les corresponden.