El poder delegado por el votante tiene claramente establecidos los linderos, campos definitorios, medidas y magnitudes en que debe ser ejercido por quien haya resultado agraciado en elección libre y diáfana, como dispone el ordenamiento jurídico del Estado.

Más allá de esos linderos, vale decir, cuando las facultades delegadas se ejercen en desfase con los límites pre establecidos y se pretende favorecer particulares intereses con fines de perpetuidad, abandonando la agenda del interés y el bien comunes, se incurre en una falta muy parecido al secuestro del poder.

En estos días la materia de debate son los empeños de un sector, de una facción del partido en el poder, por reajustar el aparato electoral de manera que priovilegie sus intereses políticos, sus afanes de continuismo en el ejercicio del poder. Pero el debate se ha desarrollado sin que nadie ubicado en esa parcela del partidimo político haya hecho ver, con argumentos de convincente solidez, que estos ajustes que se pretenden son necesarios para mejor ordenamiento del país en materia electoral. Tampoco nadie ha desmentido la afirmación de que se teje un traje a la medida del gusto y preferencia de la facción política en cuestión. Se incurre así en secuestro de unas facultades para beneficio propio, no para el bien común. No es la primera vez que se comete esta falta ética, pues esto que vemos ahora es una fase complementaria, una especie de accesorio táctico, de acciones que hace algún tiempo implicaron un secuestro del poder para -nuevamente con particular vocación- consignar en la Constitución de la República la reelección presidencial, quebrando, inclusive, compromisos solemnes con las demás agrupaciones políticas y representaciones de la sociedad civil.

[b]-II-[/b]

En contraste con lo anterior, ninguna iniciativa legislativa ha sido encaminada con el mismo vigor que el proyecto de Ley de Lemas o el de Voto Preferencial, para recomponer la armonía en un mercado cambiario, que sí son del interés común y que sí está en la agenda para la cual fue delegado el poder.

Ninguna iniciativa ha sido levantada por los nuevos reformadores (que no reformistas) electorales para propiciar una revalorización de la moneda nacional, cuyo poder de compra se ha desmoronado en la misma medida en que se ha diluido la confianza para la inversión y la reinversión, para la captación de nuevos capitales de origen foráneo y, es mas, para contener el éxodo de los capitales nativos que hoy reposan en cuentas en el exterior.

Ninguno de los prestos impulsadores de la reforma electoral parece escandalizarse porque a través de los indultos, que comprometen altas responsabilidades del Estado, están siendo colados reos que no califican para el perdón por tener pendientes con la justicia asuntos del orden criminal.

El bien común, para el cual el votante delega los poderes, desde la cúspide hasta la base de la pirámide del Estado, ha quedado relegado para favorecer estos apetitos que son los causantes de la gran desconfianza que anida en las fuerzas económicas locales y en las extranjeras con aspiraciones de establecerse en el país.

Alguna vez, quienes andan en estas aventuras comprenderán que el secuestro del poder para beneficio de grupos, para impulsar ambiciones continuistas, es una falta grave a la ética, un caldo de cultivo para la desconfianza, un generador de tensiones innecesarias en la sociedad y un sepulturero del bien común.