QUITO. Los Poderes Judiciales de la República Dominicana y de Costa Rica firmaron un acuerdo con el objetivo de establecer un marco regulatorio de las relaciones y actividades de colaboración institucional, a través del intercambio de información y experiencias en asuntos referentes a modernización judicial y aplicación de nuevas tecnologías, a fin de mejorar conjuntamente la transparencia, eficacia, eficiencia y accesibilidad del servicio de justicia.

El convenio fue rubricado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, doctor Carlos Chinchilla Sandí.

La firma del acuerdo se produce en el marco de un viaje oficial que realiza el presidente del Poder Judicial dominicano a esta nación, donde participa junto a sus homólogos de 22 países en la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se desarrolla del 18 al 20 de abril.

Cumbre

A través del acuerdo, ambos Poderes Judiciales acordaron compartir información técnica de interés, que permita la mejora de los procesos operativos y de gestión de los firmantes; así como compartir información y experiencias respecto del estado de la implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

De igual forma, promover el intercambio de información relacionada a la medición del desempeño de jueces, estandarización de los procesos jurisdiccionales, implementación de políticas sobre el diseño de procesos jurisdiccionales y estadísticas judiciales; centro de documentación judicial y definición de estándares para lograr la compatibilidad e interoperabilidad interna y con sistemas informáticos externos.

Las partes se comprometieron a efectuar pasantías y estancias de estudio para jueces y servidores judiciales y administrativos, destinadas a conocer la gestión judicial de ambos países, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas para que puedan ser replicados en sus propias instituciones.

Además, promover la cooperación en actividades que impliquen la realización conjunta de investigaciones, estudios y publicaciones que puedan contribuir a la mejora de los conocimientos de los juzgadores y servidores públicos de ambos países.