Tiene razón Faride Raful. La ausencia de fiscalización de la JCE, cuyo presidente declaró ayer que ese órgano carece de fuerza legal y normativa para esa tarea tan necesaria, no es la única puerta de entrada del dinero del narcotráfico.

También lo es el clientelismo desbordado que hoy por hoy determina la relación entre un aspirante a un cargo electivo y sus eventuales electores, a lo que hay que sumar la virtual desaparición de un liderazgo que por su capacidad de compromiso con los problemas de su comunidad sea capaz de convencerla de que es el que mejor la representará.

¿Pero para qué tomarse tantas molestias, si solo es necesario llegar al barrio con un saco de papeletas, varias cajas de ron y un estridente musicón que haga innecesarias las propuestas y compromisos? Y son esos los que mas votos reciben, y un buen botón de muestra lo es el diputado del PRM por Santiago Miguel Gutiérrez Díaz, preso en Miami acusado de tráfico internacional de drogas.

Ahora que el vínculo de legisladores con el narcotráfico ocupa las primeras planas de los periódicos, es fácil llegar a la conclusión de que los recursos que aporta ese infame negocio son los únicos que generan la desigualdad que, según Faride, violenta la sana competencia democrática entre los aspirantes a un cargo electivo.

También están los llamados “gaseros” o propietarios de envasadoras de GLP, y por supuesto los dueños de bancas de apuestas, prósperos empresarios con mucho dinero para invertir en una curul, que hace rato tomaron por asalto, a papeletazo limpio, el Congreso Nacional.

En resumen; cualquier actividad productiva, sea legal o ilegal, que genere mucho dinero, ese poderoso caballero que en este país decide quién tiene derecho a ocupar un cargo electivo.