A finales de este mes de marzo se pondrá a prueba la voluntad política de las autoridades, la posibilidad de mantener la precaria estabilidad cambiaria, de paso garantizar el acceso a nuevos recursos externos, siempre y cuando el gobierno apruebe con buenas notas la segunda revisión del desempeño de la República Dominicana bajo el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

Al final de cada trimestre los técnicos del FMI pasarán revista a los criterios cuantitativos de desempeño, a las metas indicativas, a los criterios de desempeño estructural y al cronograma de las reformas al sector financiero. Esta segunda revisión, la primera después de la carta de intención aprobada por el Directorio el 11 de febrero, reviste una importancia trascendental pues del cumplimiento de las metas y topes depende la sustentabilidad del acuerdo y la posibilidad de que el período electoral y el post transcurran con una relativa estabilidad cambiaria y en los precios.

A tres semanas del inicio de los consultas el gobierno está cumpliendo con algunas de las metas, sin embargo, deberá emplearse y realizar un gran esfuerzo para en un tiempo tan breve cumplir con el resto de las condicionalidades.

En el caso de los Activos Internacionales Netos, para solo citar uno de los criterios cuantitativos de desempeño, definidos como la diferencia entre la base monetaria ampliada (BMA) y las Reservas Internacionales Netas (RIN), al 13 de febrero (última actualización de los Indicadores Monetarios y Bancarios del BC) la posición de esta variable es aproximadamente de RD$71,818 millones mientras el acuerdo establece un techo de RD$71,540, el cual podría ser perfectamente alcanzable por las autoridades.

En las metas indicativas, la pérdida cuasi-fiscal del Banco Central deberá tener a marzo un techo acumulado de RD$6,740 millones. Si partimos del dato que entre el mes de enero y el 13 de febrero el BC erogó RD$431.9 millones en el pago de intereses, entonces los ingresos del BC como son los intereses devengados por las reservas internacionales y los devengados por otros activos externos e internos, incluido el 1.75% de la comisión cambiaria y el 0.15% de los cheques, deberán ascender por lo menos a RD$10,000 millones para cumplir con ese techo.

Otra meta difícil de alcanzar son los depósitos del gobierno en el BC que deberán tener un piso acumulado de RD$4,770 millones en marzo, sin embargo, todo parece indicar que a la fecha apenas el gobierno ha cumplido con depósitos por mil millones de pesos.

De las metas indicativas la más difícil de alcanzar será la correspondiente a la Base Monetaria con un techo de RD$67,540 millones, que comparada con la Base Monetaria al 13 de febrero ascendente a RD$76,618 millones, implicaría una desmonetización de casi 9 mil millones de pesos por la vía de la colocación de nuevos certificados.

Los ingresos fiscales deberán totalizar RD$25,967 millones a marzo, cifra inalcanzable si tomamos en consideración que en enero recaudaron el 77% de lo estimado, aunque en ese primer mes las recaudaciones se caen para recuperarse al mes siguiente.

Aparte de los criterios de desempeño y de las metas indicativas las autoridades se comprometieron en este mes de marzo a disponer de un borrador de Reforma Tributaria para su revisión técnica y varios reglamentos para el sector financiero como los «Requisitos de Calificación y Competencia Para Propietarios y Gerentes», «Definición de Grupos Financieros», «Auditores Externos», así como también someter al Congreso un proyecto de ley sobre crímenes financieros.

El cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo stand-by en esta segunda revisión contribuiría a mejorar las expectativas de los agentes económicos, autorizar el Directorio un nuevo desembolso el 18 de mayo y crear las condiciones para efectuar el tránsito relativamente estable hasta el 16 de agosto, fecha a partir de la cual se deberá ingresar a otra etapa del acuerdo consistente en la aprobación de la Reforma Impositiva, la reestructuración y mejoría de los cobros en el sector eléctrico para su posterior reprivatización, y, por supuesto, aunque no lo plantea taxativamente el acuerdo, el inicio del desmonte de los certificados del BC.

El incumplimiento obligaría a las autoridades a sentarse de nuevo con los técnicos del FMI para estudiar la aplicación de mayores ajustes, se paralizarían los desembolsos y la suspensión del acuerdo, tal como ocurrió durante la primera ruptura por incumplimientos en el período septiembre-enero, generaría una etapa de nuevas devaluaciones y alzas en los precios.

Este equipo de gobierno, empeñado en continuar cuatro años más a pesar de ser el causante fundamental de tantas adversidades, enfrentará en los próximos días el dilema de apretarse los cinturones, cumplir con el FMI, pero con ello cierra las posibilidades de remontar en las simpatías y aspirar a una eventual segunda vuelta, o de lo contrario, prescindir del acuerdo, disponer de recursos, pero con ello provocarían una desestabilización cambiaria que se llevaría de encuentro su ya precaria cota de simpatías.