PEDRO GIL ITURBIDES
Me inquieta el anunciado aumento de un ocho porciento en la facturación del servicio de energía eléctrica. Tengo la impresión de que, llegado algún instante, los usuarios regulares del servicio estaremos trabajando para las empresas distribuidoras. Argüirán los menos escépticos que se exagera la nota cuando hacemos el planteamiento, pues no todos nos encontramos en el grupo de grandes consumidores. Sin duda. Pero aún admitiéndolo hemos de señalar que ya la facturación por el servicio es relativamente alta para muchos de nosotros.

A la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) acechábamos todos los males por el grado de corrupción que imperaba en ella. Parte de sus costos devenían de las nóminas abultadas, que a lo largo de muchos años se hicieron tales para complacer a políticos. El dichoso populismo impidió que la CDE desarrollase sus programas de expansión y mejoramiento de servicios, tal cual fueron planeados hacia 1957.

Pero la capitalización y la subdivisión de sus servicios no ha sido la panacea. Muy por el contrario, si sumásemos las nóminas de las generadoras, las distribuidoras y otras entidades del ramo, veremos que su personal está duplicado. Y las interrupciones de los servicios, en muchos sitios, se presentan con la misma intensidad que en años anteriores. A todo estos males, preciso es sumar el que se origina por el petróleo.

La interrogante a despejar, sin embargo, atañe al papel que jugamos los usuarios del servicio que somos localizables por nuestras direcciones y perseguibles por los contratos. Estamos condenados a sufrir los males propios de un sistema cuya calidad deja mucho que desear. Y encima, hemos de pagar por el subsidio que se otorgaba al sistema, y que objeta el Fondo Monetario Internacional (FMI). En otras palabras, los clientes regulares estamos obligados a cubrir costos de producción y distribución, para evitar una conflagración social.

¿A dónde nos llevarán? Quisiera saberlo. Porque aquellos consumidores para los cuales la electricidad es un gasto intrascendente no se molestarán por el nuevo valor del kilovatio. Muchos de los consumidores que en años recientes ingresaron al sistema regulado, sin embargo, retornarán a la ilegalidad. Nosotros, los de clase media, tal vez tengamos que romper con tradiciones de normas y principios, para hacernos ilegales también.

Tengo amigos a quienes, sin el último aumento, la facturación de la energía es un tormento mensual. Con los nuevos valores, ya están considerando la alternativa a que aludimos, pues, con mucha razón, dicen que no dejarán a los hijos sin un bocado de pan.

Pero estas gentes son votos. Votos que calcularán qué ocurre en el país en estos tiempos, y que, pese a la campaña de Diómedes Mercedes por la abstención, querrán expresar su descontento.

¿Cómo expresarlo, sino por vía de las mesas electorales? Porque muchos ganan y no pierden en los desórdenes sociales. Pero la gente de trabajo pierde. De manera que estos últimos prefieren externar su inconformidad por medio de lo que se llama «el voto de castigo». Este voto es bien conocido entre nosotros. De hecho, se hizo presente en el año 2000 contra el actual partido en el control del Poder Ejecutivo. Y, descontento con quienes sucedieron a éstos, volvió a hacerse presente en el 2004.

Lo que tal vez Diómedes debía promover es, más que la abstención, un voto de castigo que haga posible triunfo de voces alternativas. Reconocemos que, bajo las actuales condiciones, un esfuerzo como el que se propone es casi imposible. Las estructuras partidarias, incluida aquella en la que militamos, controlan el escenario de la vida dominicana. Pero la luz puede apagarse.

Y la facturación abusiva del servicio de energía eléctrica podría ser el factor que permita que el país revise los caminos por los que transita. Porque se está llegando al instante en que, revisando las cuentas mensuales, nos estamos preguntando si podremos pagar los nuevos precios de la energía eléctrica.