FORT BRAGG, EEUU (AFP).- La audiencia de la estadounidense Lynndie England, acusada de abusar a detenidos en Irak, comenzó este martes, y la joven soldado embarazada podría ser condenada a 38 años en una prisión militar.

   England, de 21 años, no mostró ninguna emoción al llegar en uniforme militar acompañada de sus abogados y de su madre y era custodiada por varios policías militares.

   Una hoja de acusaciones del Ejército dice que si England es culpable de todos los cargos está expuesta a «destitución deshonrosa, retención de todo ingreso y confinamiento por 38 años».

   En total enfrenta 19 cargos, incluyendo violencia contra los detenidos, conspiración para maltratarlos, haber cometidos actos indecentes y mala conducta profesional.

   En la audiencia, la coronel Denise Arn, que preside el jurado, le preguntó si tenía alguna pregunta, a lo que ella respondió: «No señora».

   En el juicio, que podría durar varios días, también debían declarar soldados que sirvieron con England en la prisión iraquí, así como numerosos oficiales.

   England, que está embarazada de otro militar que también enfrentará una corte marcial por vejaciones en Abu Ghraib.

   La joven es tal vez la figura más conocida de los siete soldados estadounidenses acusados de abusar de los prisioneros esa cárcel cercana a Bagdad. Fotos de presos desnudos y en posiciones sexualmente humillantes fueron divulgadas en todo el mundo en abril pasado.

   El escándalo desatado por las imágenes -en una de las cuales aparece England arrastrando de un cuerda a un preso desnudo, como si fuera un perro- ha minado los esfuerzos del ejército de Estados Unidos para estabilizar Irak después de la invasión.

   Las fotografías fueron tomadas por soldados de la Compañía de policía Militar 372 de England, una unidad de reserva.

   Las torturas, cometidas el año pasado, salieron a la luz por primera vez en enero, cuando una investigación militar fue lanzada y desembocó en la presentación de cargos contra England.

   England y los otros soldados involucrados insisten en que estaban cumpliendo órdenes de oficiales de inteligencia militar en la prisión de para «ablandar» a las prisioneros a fin de sacarles información en los interrogatorios.

   Algunos legisladores han pedido comparecer al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros oficiales de alto rango para dar testimonio en un esfuerzo de probar que el escándalo fue más extendido que un pequeño grupo de soldados de bajo rango.

   El presidente George W. Bush reprendió a Rumsfeld por no haber sido informado sobre el asunto, que afectó severamente la imagen de Estados Unidos en el mundo, particularmente ante la comunidad árabe.

   Una investigación del Ejército encabezada por el mayor general, Antonio Taguba, culpó del abuso a una ruptura en el liderazgo de la prisión. En su reporte, Taguba subrayó «numerosos incidentes de abusos criminales, sádicos, descarados y lascivos» contra los prisioneros iraquíes.

   Uno de los siete soldados acusados, el especialista Jeremy Sivits, se declaró culpable y fue sentenciado el 19 de mayo a un año de prisión militar.

   Además, 12 oficiales, entre ellos la brigadier general Janis Karpinski, comandante de la prisión, fue castigada por no conducir correctamente ni supervisar a sus soldados.