POR DIEGO PESQUEIRA
El diputado perredeísta Guillermo Radhamés Ramos García podría ser puesto en libertad en las próximas horas por la Procuraduría General de la República, debido a que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que lo condenó a 18 meses de prisión correccional, no le retiró su inmunidad parlamentaria y la legislatura se encuentra abierta.

En la sentencia condenatoria, los jueces que Ramos García no es culpable del delito de concusión de  lo que lo acusó el ministerio público, pero fue condenado por violación a la ley que regula el tráfico de personas.

El ministerio público había solicitado a la Suprema Corte a despojar de la inmunidad a Ramos García, petición que fue negada.

Conforme al artículo 23 de la Constitución, Ramos García solamente podía ser apresado en caso de que el Congreso lo destituyera como diputado, luego de conocer un juicio político con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los senadores.

Previo a este proceso la Cámara de Diputados debe recomendar ante el Senado ese juicio político con el voto de las tres cuarta parte de la totalidad de los miembros de ese hemiciclo.

Sobre esta situación legal, los abogados Frank Reynaldo Fermín y el ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, estimaron que solo procede la prisión de Ramos García si antes se cumplía con el citado proceso.

En torno al caso, fuentes judiciales ligadas a la Procuraduría afirmaron que Ramos García deberá ser liberado o se estaría violando la Constitución.

Tan pronto se leyó la decisión de la Suprema, agentes policiales hicieron preso al legislador perredeísta y lo trasladaron a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, en medio de la protesta de los abogados Artagnan Pérez Méndez y Francisco Hernández, quienes alegaron que se cometía un exceso de poder y una violación constitucional.

El artículo 32 de la Constitución establece que «ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen».

Ramos García, diputado perredeísta por La Vega, fue enviado anoche a la cárcel de Najayo, luego de la sentencia de la Suprema que también condenó a pena cumplida a los asiáticos Chen Ngom Chai y Ng Choon Seng, acusados de complicidad en el tráfico de 17 orientales desde Haití a la República Dominicana el 6 de junio del 2002.

Ramos García, que en varias ocasiones fue detenido y liberado, proclamó al ordenarse su traslado a la cárcel, que es un preso político.

El período de cuatro años para el cual fue electo el diputado concluye el 16 de agosto del 2006, 18 días antes de la fecha en que termina la condena, el 3 de septiembre del próximo año.

Anunciaron que se querellarán contra el procurador general Francisco Domínguez Brito, por alegado abuso de poder.

COMPORTAMIENTO

El diputado Ramos García, quien pasó su primer día en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, tras ser condenado a 18 meses, mantuvo la esperanza de ser declarado inocente hasta el último momento y realizó una especie de ritual ante los asientos de cada uno de los jueces antes de iniciar el juicio.

En todo el proceso conversó con los procuradores adjuntos Idelfonso Reyes, Frank Soto y Ángel Castillo, quienes pidieron una condena de diez años en su contra.

En el desarrollo de la audiencia se comentó que el legislador perredeísta rechazó la sugerencia de renunciar a su inmunidad parlamentaria para enfrentar un tribunal de primer grado y tener opción a apelar en caso de ser condenado.

«Confío en la Suprema y se que no se dejarán confundir por el Ministerio Público, porque la realidad es que soy inocente», repetía a cada momento Ramos García durante los recesos en el tribunal.