SAN JUAN.  AP.  Los legisladores en Puerto Rico han sido acusados de corrupción, consumo de cocaína y violencia doméstica, lo cual les ha granjeado el desprecio de un público ya de por sí furioso por la pésima situación económica y la delincuencia rampante en la isla.

Ahora el público va a tener la oportunidad de hacer algo al respecto.

Se le está preguntando a los votantes de este territorio estadounidense si desean enmendar su Constitución y despedir a decenas de miembros de su Senado y Cámara de Representantes, lo cual recortaría costos y reduciría el tamaño de la legislatura en casi el 30%. Es casi seguro que la respuesta sea un resonante sí en el referéndum técnicamente vinculante.   “Que los quiten a todos. No hacen nada… Se creen que el pueblo es ciego”, dijo Miguel García, un ingeniero de 58 años, después que el gobernador firmó recientemente el proyecto de ley que autoriza el referendo del 19 de agosto.  

Es un sentimiento popular en la isla, donde hay una obsesión con la política local, en especial el debate interminable sobre la relación de Puerto Rico con EU.   En buenos y malos tiempos hay un desdén generalizado por los políticos. Pero tal vez ahora los boricuas tienen más razones para quejarse, dada la cantidad de escándalos que involucran a legisladores y sus salarios más elevados que los de la mayoría de sus colegas estadounidenses. Sus ingresos los colocan en el nivel superior en una isla donde casi la mitad de sus habitantes son pobres y el desempleo ronda el 16% en la economía golpeada por la recesión.   Si a eso se le agrega la cifra récord de homicidios el año pasado y los elevados costos del agua y la luz, se obtiene un electorado muy molesto.