MADRID. AFP. La oposición española fustigó el sábado la reforma educativa aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que, entre otras medidas, devuelve el valor académico a la asignatura de religión, computándola en la media de calificaciones y para la obtención de becas.  

«¿Qué tiene que ver la calidad de nuestra educación con que la educación religiosa, la religión católica, puntúe para tener becas o para entrar en Medicina? ¿Qué tiene que ver?», lanzó el líder de la oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.  

Bajo el nombre de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el ejecutivo de Rajoy aprobó el viernes un proyecto del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que separa desde los 15 años a los alumnos encaminados a la formación profesional de los que quieran ir a la universidad e impone nuevos exámenes al término de cada ciclo.  

El texto debe ahora ser debatido en el parlamento, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.  

Su objetivo es reducir el elevado nivel de fracaso escolar (25%) en un país donde el 57% de los jóvenes no encuentra trabajo. Sin embargo, la reforma incluye otras polémicas reformas como la enseñanza en castellano en regiones bilingües como Cataluña o el regreso de la religión al cómputo académico.  

Considerando que «la reforma educativa de Wert cede a las exigencias de la Iglesia», el diario de centro-izquierda El País recordaba que «la evaluación de la materia confesional dejó de computar con la ley (educativa) de 1990», aprobada que bajo un gobierno socialista.  

«Al margen de que nos parezca un exceso decir que el texto supone una vuelta al nacional-catolicismo, como pretenden los partidos de izquierdas, lo cierto es que la enseñanza religiosa que se imparte en España es doctrinaria, por lo que no debería contar para la nota», consideraba por su parte en un editorial el diario de centro-derecha El Mundo.  

«Yo cada vez entiendo menos el lenguaje del Partido Popular, habla de modernización cuando se trata de una marcha atrás a hace 30 años y habla de consenso cuando se trata de una imposición a la comunidad educativa», lanzó Gaspar Llamazares, de la coalición comunista-ecologista Izquierda Unida.  

Por su parte, el presidente regional de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, anunció que su ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional si no se modifica el proyecto.