LIMA, (AFP) – Las declaraciones del ex presidente peruano Alan García sobre la propuesta que le hizo a finales de su gobierno al actual mandatario Ollanta Humala para que ambos decidieran de manera conjunta indultar al ex presidente Alberto Fujimori por razones de salud desataron la polémica en el país andino.

«Lo conversamos con el presidente Humala cuando ya estaba elegido, en Palacio de Gobierno, y yo le dije ‘salgamos los dos y tomemos esta decisión. Para mí es difícil hacerlo al final del gobierno, me parece un golpe bajo al nuevo gobierno, y para usted es difícil hacerlo comenzando», dijo García (Apra) a la cadena Univisión el domingo.

Las reacciones a este tema tan sensible y recurrente en Perú acapararon las portadas de los principales periódicos.

El legislador de Gana Perú (oficialista) Javier Diez Canseco recordó que un indulto a Fujimori por parte de Humala «sería inaceptable» y desataría un conflicto interno en la coalición. Además, acusó al líder del Apra de querer unir lazos con el fujimorismo para desestabilizar a la comisión que está investigando su gobierno.

«No me gusta la figura del indulto porque el Perú hizo bien en condenar los actos de lesa humanidad, aunque creo que no debe haber un ánimo de venganza», dijo por su parte Lourdes Flores, ex candidata presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) a la televisión local. Sin embargo, García matizó este lunes sus declaraciones en un comunicado enviado a AFP a través de su oficina.

«Con el entonces presidente electo se trató, entre otros temas, sobre el estado de salud del señor Alberto Fujimori, mencionándose que, en el caso de un agravamiento de éste y solo de común acuerdo, por ser un gobierno saliente, se podría proceder a un indulto humanitario», dice el comunicado.

La última encuesta divulgada sobre esta cuestión revela que el 53% de los peruanos apoya el indulto para el ex presidente Alberto Fujimori, solicitud que será presentada próximamente de manera formal, según confirmó su familia.

Fujimori (1990-2000) está preso desde 2007 en una base policial en Lima, a la que llegó extraditado de Chile.

En 2009 un tribunal lo condenó a 25 años por el asesinato de 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte del Ejército en el marco del combate a la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso.