POR ELVIS LIMA
El jefe de la Policía Nacional, teniente general Bernardo Santana Páez, informó anoche que la institución tiene informes de que “elementos ligados al sector transporte” tienen planes de producir en las próximas horas taponamientos con sus unidades en las principales vías de acceso a la capital.

Sin embargo, aclaró que este hecho no tiene ninguna relación con la marcha que tienen previsto realizar hoy hacia el Congreso Nacional, la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), junto a un grupo de organizaciones sindicales con motivo de celebrarse el Día Internacional del Trabajo.

Ayer, Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), afirmó que la marcha partirá a las 9:00 de la mañana de las intersecciones Bolívar y Máximo Gómez, y que la misma es el inicio de la ruta hacia la huelga general programada para mediados del presente mes.

Indicó que llegó el momento de que los trabajadores junto a los sectores populares empiecen a reclamar sus derechos, a fin de lograr un mejor aumento salarial y la posposición del anunciado Seguro Familiar de Salud (SFS), que entrará en vigencia hoy.

Al hablar en rueda de prensa junto al director del departamento de asuntos legales de la policía, general Leonte Rafael Alburquerque, Santana Páez advirtió que a pesar de la situación la policía hará cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución sobre libertad de tránsito.

Precisó que las personas que pretendan llevar a cabo acciones de esta naturaleza deben recordar que entorpecer el tránsito de manera deliberada está sancionado en los artículos 88 y 91 de la Ley 241, sobre tránsito terrestre.

Dijo que no obstante a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos nadie podrá parar, detener o estacionar un vehículo o dejarlo abandonado en las vías públicas en forma tal que se estorbe u obstruya el libre tránsito.

Señaló que el Código Procesal Penal, establece en su artículo 224 y su inciso primero que la Policía no necesita de orden judicial para arrestar a un imputado que sea sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de cometer una infracción.

Indicó que la constitución es clara en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos, dejando claro que cualquier ejercicio reivindicativo debe ser compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.

 “Si bien es cierto que los ciudadanos tienen derechos y prerrogativas constitucionales, al mismo tiempo tienen que saber que están comprometidos a respetar las leyes vigentes y la propia Constitución en la que se amparan para realizar sus actividades”, manifestó Santana Páez.

Señaló que el artículo 8 de la constitución reconoce como finalidad de Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de los demás.

Manifestó que los principales deberes de los ciudadanos son cumplir la constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, por lo que es un deber de la institución garantizar el orden a la ciudadanía.

 “Si hay alguna violación a las leyes y la constitución, entonces no se cumple con los deberes, por lo que la Policía Nacional exhorta a realizar cualquier actividad apegada a los dictámenes de las leyes”, agregó Santana Páez.