LA PAZ (AP) _ Policías y militares liberaron la madrugada del miércoles a tres ministros del presidente Evo Morales que habían sido tomados de rehenes en la víspera en la ciudad de Puerto Suárez, al oriente del país, por dirigentes cívicos de la región que reclaman la legalización de las operaciones de una empresa brasileña.

«Fue una operación relámpago para sacar a los tres ministros, nos recibieron (los pobladores) con piedras y botellas pero no hubo mayores problemas», declaró a la radio Fides el jefe de la policía de Santa Cruz, coronel Wilfredo Torrico, quien comandó la operación.

Los ministros de Planificación, Carlos Villegas, de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, y de Minería, Walter Villarroel, se encontraban negociando el martes en la tarde con los pobladores de Puerto Suárez para evitar una huelga indefinida en esa población cuando fueron tomados de rehenes por los vecinos de esa ciudad fronteriza con Brasil.

«En el operativo participaron policías, efectivos de la Fuerza Naval y tres fiscales. Fue una operación pacífica pero necesaria porque las gestiones que emprendió el gobierno resultaron improductivas», declaró el portavoz presidencial, Alex Contreras.

Tras el rescate, pobladores de Puerto Suárez a 1.155 kilómetros al sureste de La Paz, cortaron las rutas hacia Brasil y declararon paro de actividades en esa ciudad de unos 15.000 habitantes exigiendo que el presidente Evo Morales autorice a la empresa brasileña EBX elaborar carbón vegetal para procesar hierro del yacimiento brasileño de Ucurum, en la frontera.

Contreras dijo que EBX, que recientemente cambió su nombre por MMX, realiza operaciones «en forma ilegal» y que el gobierno no avalará sus actividades en Bolivia.

«Los tres ministros fueron prácticamente secuestrados y esta acción no quedará impune. Se investigará a EBX y se sancionará a los autores de esa acción ilegal (secuestro)», dijo Contreras.

Tras ser liberados los tres ministros viajaron a La Paz para reunirse con el mandatario.

Contreras dijo que la protesta de los pobladores de Puerto Suárez que incluía un corte de rutas viales y férreas hacia Brasil se cumplía «parcialmente» el miércoles.

La empresa brasileña está acusada de haber instalado ilegalmente una planta siderúrgica en la frontera con Brasil para aprovechar los reservorios brasileños de hierro de Ucurum, que conforman con los bolivianos del Mutún el séptimo más rico del mundo, de ese metal.

La empresa no tiene la autorización ambiental para operar en Bolivia, donde ya habría talado 300 hectáreas de bosques para alimentar un horno con carbón vegetal, en lugar de gas natural, como exige el gobierno boliviano.

La empresa también se radicó en los 50 kilómetros de la zona vedada por las leyes bolivianas, respecto de la frontera –es este caso con Brasil–, para la instalación de compañías extranjeras que quieran explotar recursos naturales.

Lo hizo, además, en una zona franca, para evitar pagar impuestos.

El gobierno insiste en que no otorgará el permiso ambiental, y denunció que mientras la empresa buscaba negociar con algunos ministros, algunos de sus ejecutivos azuzaban a la población de Puerto Suárez, para que cometan el secuestro.