POR VICENTE SOBREVELA
El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo ayer que se dispuso la suspensión, arresto y envió al tribunal de justicia policial a los agentes que estaban de servicio la noche del domingo pasado en la cárcel de Higüey, donde murieron 136 reclusos en incendio.

Asimismo, dispuso que el ministerio público acuse de homicidio voluntario e incendio intencional a los autores principales acusados de provocar el incendio y de promover asesinatos dentro de las celdas.

Alburquerque manifestó que esas y otras recomendaciones fueron hechas por la comisión que investigó los acontecimientos en la cárcel de Higuey el pasado lunes en horas de la madrugada.

El vicepresidente dijo que las recomendaciones fueron entregadas por el procurador general Francisco Domínguez Brito, también señala que el tribunal policial será el que determine las responsabilidades en caso de que se encuentre negligencia y torpeza en el ejercicio de sus funciones, «sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la acción pública a iniciarse por el ministerio público en caso de que sea necesario».

La comisión también recomendó declarar de alto interés nacional la construcción de una cárcel modelo en la provincia La Altagracia, tal y como se había prevista durante el Consejo de Gobierno del pasado primero de febrero.

Dijo que se dio un plazo de 15 días que permita a esa comisión, ampliada con oficiales de otras dependencias, en especial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para profundizar en las investigaciones de control de celdas, tráfico de drogas, complicidades y consecuencias en los hechos, para rendir un informe final de esos acontecimientos al poder Ejecutivo.

Alburquerque dijo que lo importante es que además de esta informe preliminar, durante quince días se continuará profundizando las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias.