Una de las manifestaciones claras del deterioro del Estado de derecho en la República Dominicana es el ejercicio violento y de complicidad con el delito que tiene la Policía Nacional.

Los reportes de las violaciones de derechos de la policía nacional que se expresan en ajusticiamientos extrajudiciales o ejecución de pena de muerte, torturas, abusos, violaciones sexuales, entre otros, trascienden las fronteras nacionales y han sido registrados durante los últimos cinco años por organismos internacionales diversos entre los cuales se encuentra Amnistía Internacional.

El pasado lunes 12 de marzo se produjo la sesión número 104 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Estados Unidos y en esta sesión se analizó el informe del Estado Dominicano en cumplimiento al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En esta sesión se presentó el informe de Amnistía Internacional sobre los abusos policiales en RD y el informe de una coalición de instituciones de la sociedad civil dominicanas sobre diversas violaciones de derechos que se cometen en el país que abarcan: inequidad de género, mortalidad materna, situación de la población migrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, discriminaciones y abusos sufridos por la población Gay y Transexual, violaciones a los acuerdos con relación a la niñez y adolescencia y los abusos-torturas-muertes en manos de la policía nacional. El informe sobre los abusos policiales se acompañó en el país con manifestaciones de protestas de organizaciones sociales y juveniles que demandan respeto a los derechos ciudadanos y cese de las ejecuciones extrajudiciales. Este proceso no ha tenido suficiente eco en las propuestas de los distintos candidatos de los partidos políticos que aspiran a la Presidencia en las próximas elecciones.

El informe de Amnistía Internacional analiza los fracasos de las reformas policiales iniciadas y las debilidades de la ley orgánica de la Policía Nacional en discusión en el Congreso nacional.

Estamos viviendo un clima de terror en los barrios y comunidades del territorio nacional. Este responde a un ejercicio represivo de la policía que actúa sin control bajo la estructura de micro-poderes de jefes policiales que reproducen las figuras de terror policial de los 12 años de Balaguer con nombres distintos y con una mayor extensión territorial.

La intervención en la policía nacional con una total transformación y reestructuración como organismo de seguridad ciudadana debe ser un eje fundamental de todos los programas de gobierno de los partidos políticos. Esta transformación debe incluir un proceso de evaluación del organismo, así como la investigación judicial de todas las redes de complicidad delictiva que existen en él y de los sistemas de torturas, abusos y prácticas violatorias de los derechos humanos.